La Justicia provincial busca definir la jurisdicción en la que se tramitará la investigación tras el cese de pagos.


El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó este jueves la primera denuncia penal contra BLD después de la suspensión de operaciones y el cese de pagos a vendedores de cereales. En tanto, otros acreedores amenazan con pedir la detención de los directivos a la Justicia federal rosarina.

El conflicto que involucra una deuda de 6.000 millones de pesos por parte de la corredora se convirtió en materia de análisis para los investigadores a partir del escrito que enviaron representantes de una docena de acreedores damnificados por el default.

Fuentes judiciales ratificaron que la cuestión debería quedaron en manos de la unidad de Delitos Económicos, aunque la competencia no es un tema cerrado de antemano. Las maniobras descritas pueden involucrar las oficinas administrativas de Puerto Norte o bien la ciudad de San Jorge. De corroborarse el segundo escenario, las actuaciones serán remitidas a la órbita de la Fiscalía Regional de Santa Fe.

Los asesores de los productores que desestimaron el canje por acciones para cobrar apuntan a un caso de administración fraudulenta y asociación ilícita. Entre las acciones que consideran ilegales se cuentan la liquidación mediante cheques sin fondo, el rechazo de las órdenes de venta luego de entregar los granos y el cobro fallido de operaciones de futuro.




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