El principal acusado tiene una vivienda en el barrio privado Aguadas y le fijaron una fianza de 10 millones de pesos.


Cinco personas vinculadas a la una desarrolladora inmobiliaria fueron imputadas este martes por fraude en el manejo de fideicomisos para obras privadas. El empresario Pablo Hancevic fue señalado como jefe de una asociación ilícita y quedó bajo prisión domiciliaria a la espera de constituir una fianza de 10 millones de pesos.

El ingeniero había sido detenido el día anterior en el marco de cinco allanamientos simultáneos en Rosario y Funes. En esta última ciudad, la Policía de Investigaciones (PDI) identificó una casa del country Aguadas que supuestamente fue comprada con dinero sustraído de la sociedad que encabezaba con Santiago Franchi. Este último fue considerado miembro de una asociación ilícita, mientras que a los tres sospechosos restantes los apuntaron como partícipes primarios en esa estructura.

Fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) afirmaron que la firma que lleva los apellidos de ambos protagonistas captaba inversores para proyectos que nunca se concretaron. El fiscal Fernando Dalmau planteó que Hancevic redirigió tanto la plata como recursos materiales y humanos para engrosar su patrimonio personal y familiar. Así pagó con fondos de la sociedad algunos trabajos de construcción en su propiedad.

Los investigadores también plantearon que el engaño del ingeniero llegó a incluir denuncias penales y estafas procesales en el fuero civil para evitar que la firma se hiciera responsable por los desmanejos. A esto agregaron que Franchi le firmó contratos de adhesión en blanco para repartirse utilidades en forma anticipada.

Al supuesto jefe de la asociación ilícita le atribuyeron además documentos falsos elaborados para presentarse como insolvente frente a las deudas. Su socio, en tanto, fue imputado por encargarse de la operación administrativa y contable de modo que se hiciera “inviable” cualquier auditoría sobre el registro de sus actividades.

Entre el resto de los implicados figura la abogada Verónica Bobbet, a quien el MPA acusó de asesorar profesionalmente para diseñar la estrategia legal que le permitiría a los socios repartirse las ganancias en forma clandestina. En los escalones inferiores de esa estructura incluyeron a Federico HancevicElsie Olga Ramona Wust, la madre de la letrada, a quien utilizaron para una falsa operación inmobiliaria que derivó en un reclamo ante la Justicia civil.

Hancevic quedó a la espera de recuperar su libertad a cambio de la entrega de dos inmuebles valuados en 10 millones de pesos como garantía para la fianza. El juez Hernán Postma, en tanto, avaló la calificación legal de los hechos como administración fraudulenta y defraudación fiduciaria además de la figura de asociación ilícita.






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