La ley busca beneficiar a las hijas de las mujeres que fallecen por violencia de género. En este caso, Romina Barría fue asesinada por su ex pareja Jorge Huenumil, quien fue condenado a prisión perpetua, y fueron los padres de Romina quienes iniciaron los trámites para que su nieta cobre una reparación económica. El trámite se realizó en la sede de ANSES Río Gallegos.
La denominada Ley Brisa es la ley que otorga a los hijos de mujeres asesinadas por violencia de género una reparación económica mensual de 10.480 pesos, equivalente a una jubilación mínima.
A eso también se suma una cobertura integral de salud que, al igual que el beneficio económico, se extiende hasta los 21 años de edad.
En este caso, en Santa Cruz el primer caso aplicable fue el que tiene como beneficiaria a la hija de Romina Barría, quien fue asesinada y quemada por su ex pareja Jorge Huenumil el 4 de octubre del 2016.
El viernes por la mañana, los padres de Romina Barría se presentaron en la sede de ANSES, en la capital provincial, donde fueron recibidos por el titular de la Regional Sur, Carlos Ziehlke, y la titular de la UDAI Río Gallegos de la ANSES, Daniela D'amico, quienes encabezaron un breve acto para anunciar este primer caso en la provincia.
Ley
Luego de finalizar los trámites, los padres de Romina recibirán de forma retroactiva el dinero que, por ley, debe comenzar a pagarse desde el momento en que el femicida es procesado. Cabe recordar que la ley fue aprobada en el Congreso el 4 de julio de 2018, mediante el Decreto 871/2028, publicado en el Boletín Oficial, dando vigencia a la norma por la cual los chicos que se encuentren en esa situación van a tener un acompañamiento integral por parte del Estado.
La norma se la conoce como "Ley Brisa", a raíz del nombre de pila de la hija menor de Daiana Barrionuevo, quien fue asesinada a golpes por su ex pareja y padre de sus tres hijos en diciembre de 2014.
El beneficio, que podrá ser tramitado a través del Instituto Nacional de las Mujeres, equivale a un haber jubilatorio mínimo e incluye una cobertura integral de salud hasta los 21 años de edad, beneficios que tendrán carácter vitalicio en caso de que sean personas con discapacidad.
Los beneficiarios serán "las niñas, niños y adolescentes, cuyo progenitor y/o progenitor afín haya sido procesado y/o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio de su progenitora", indica la ley.
También se incluye los menores donde "en la causa penal donde se investigue el homicidio de su progenitora, se haya declarado extinguida por muerte; o que cualquiera de sus progenitores y/o progenitores afines haya fallecido a causa de violencia intrafamiliar y/o de género".
La norma fija un mecanismo compatible con los regímenes de la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares, pensiones y regímenes de alimentos que perciban por parte de su progenitor, o con cualquier otra prestación de la cual sean destinatarios.