Francisco Vera
Este miércoles Infobae publicó que Sergio Rodríguez, quien está al frente de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, denunció hace unos días a funcionarios y ex funcionarios de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico –SEDRONAR- por el otorgamiento irregular de subsidios por una cifra que supera los 180 millones de pesos.
El Fiscal -explica la nota- indicó que se debe investigar a quienes recibieron los 31 subsidios –provincias, municipios y Universidades Nacionales- cuyo dinero provenía del Ministerio de Planificación Federal tramitado a fines de 2014, cuando el Padre Juan Carlos Molina estuvo al frente del organismo.
La investigación apuntó a programas que financiaron experiencias de trabajo comunitarias y gubernamentales para contribuir a la prevención, capacitación y asistencia en la temática de las adicciones y parte de los subsidios se solicitaron para la construcción de centros para la prevención de las adicciones.
Pero la investigación alcanza también a quien lo sucedió, Gabriel Lerner y el actual secretario de la SEDRONAR, Roberto Moro, los que fueron imputados por el fiscal Rodríguez. A los primeros -funcionarios de la era kirchnerista- se les adjudica responsabilidad en el otorgamiento de los subsidios a pesar de las irregularidades detectadas. En tanto al funcionario macrista el fiscal Rodríguez le imputó el haber autorizado las órdenes de pago de dos de los subsidios que habían sido otorgados de manera irregular.
En la lista de los organismos que recibieron subsidios, que el Fiscal no descartó imputarlas, se encuentran por ejemplo, la Asociación Civil Ushuaia Participa, la Fundación Creando Futuro, la Universidad Nacional del Chaco, pero también la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, y provincias, en donde están incluidas las localidades de El Calafate, Caleta Olivia y Río Gallegos.
Qué pasó
En Santa Cruz la firma del convenio para la construcción de los centros terapéuticos fue en febrero de 2014 (el expediente se tramitó en diciembre de ese año) entre el cura Molina y el ex gobernador Daniel Peralta. Contempló cinco CET y CEPLA en Las Heras, Río Turbio, Río Gallegos, El Calafate y Caleta Olivia.
La UNPA se debía encargar de la coordinación y los recursos se iban a enviar a los municipios. A la fecha, de los cinco centros, sólo uno se terminó, el de Río Turbio.
Según fuentes oficiales de la UNPA, la casa de altos estudios devolvió los fondos que le giraron a la SEDRONAR "ya que el municipio de Río Gallegos no definía el lugar", dijeron a TiempoSur.