Tras la denuncia penal realizada este domingo por el Ministerio de Salud Pública de Chaco por la desaparición de 51 vacunas contra COVID-19 en Quitilipi, el fiscal encargado del caso, Cristian Arana, considera que es posible que las dosis fueron aplicadas, pero no se registraron en el sistema.

El Procurador General Jorge Canteros indicó al respecto que, de momento, las pruebas apuntan a que las dosis no fueron robadas. Según expresó, no se encontraron cerraduras forzadas y las cámaras de seguridad no captaron ocurrencias fuera de lo común.

Además, Canteros se refirió a la opinión del fiscal Arana: “él tiene la sospecha de que esas vacunas no se tiraron ni se desperdiciaron. Cree que estas vacunas se colocaron a gente que no figuraba seguramente en la nómina o no estaba en el rango etario de personas que debían ser vacunadas”.

“Está analizando esa posibilidad y está decidiendo la imputación. En este sentido, va a determinar si únicamente sería responsable el personal de Salud que recibió las vacunas o habría otras personas involucradas”, agregó el Procurador.

A su vez, de la misma forma que la denuncia por la ausencia de 50 dosis de la vacuna Astrazeneca y otro frasco de Sinopharm desembocó en la intervención del fiscal Arana, el Ministerio de Salud Pública iniciará también una investigación sumaria para hallar responsables.