La nueva reglamentación aprobada por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que autoriza a las fuerzas de seguridad a usar armas de fuego sin dar la voz de alto y sin agresión previa, generó un sinfin de críticas.
El Comité de Prevención de la Tortura del Chaco repudió la Resolución 956/2018 y expresó su preoupación por considerar que la normativa pretende "legitimar las ejecuciones extrajudiciales avanzando sobre derechos y garantías consagrados en la Código Penal de la Nación, en Constitución Nacional y por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscriptos por la República Argentina".
"En un contexto de escalada de la protesta social y de la movilización popular como respuesta a las actuales políticas de exclusión social, una medida de estas características lo que busca es instalar un mensaje de demagogia punitiva que pone en riesgo al mismo Estado de Derecho y que, en los hechos, se traducirá en la convalidación desde las máximas jerarquías del Estado nacional del accionar en muchos casos ilegal de los funcionarios estatales que tienen a su cargo el monopolio del uso de la fuerza", sostiene el comunicado del organismo provincial.
Además, destacan: "Vale recordar que, más allá del nuevo reglamento elaborado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, sigue en vigencia el artículo 80 del Código Penal de la Nación que en su inciso 9 prevé una pena de prisión perpetua para integrantes de las fuerzas de seguridad, policiales o del servicio penitenciario que mataren a una persona abusando de su función o cargo".
La nota fue remitida al presidente del Comité Nacional contra la Tortura, Jorge D'agostino, según publicó Chaco Día por Día.