Florencia Orzanco
Tras constituirse como querellante, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco solicitó al fiscal penal del Juzgado Multifueros de Misión Nueva Pompeya, Francisco Morales Bordón, la imputación y detención del director del hospital de El Sauzalito, Miguel Figueredo, del subcomisario Ernesto López y el agente Ivan Sánchez.
Es por los delitos de presunta falsedad ideológica y encubrimiento agravado en que habrían incurrido al alterar la declaración de C.E.N., una joven de 26 años de la comunidad wichí, quién a principios de este mes denunció haber sido violada.
La detención de los tres funcionarios públicos fue solicitada para evitar represalias contra la víctima y para que no entorpezcan la investigación "como lo han hecho hasta la fecha", detallaron en Chacodíapordía.
Múltiple discriminación y revictimización
En el escrito, la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros señaló que "aquí debe evaluarse la múltiple discriminación y revictimización contra C.E.N., al ser mujer, con derechos históricamente vulnerados e indígena perteneciente a la etnia wichí; mientras que el perpetrador del delito es un varón criollo. Por lo tanto hay una clara desigualdad de posibilidad de escucha, al pertenecer la primera a dos grupos vulnerados y rechazados históricamente: ser mujer e indígena".
Un médico que no vió nada
Según consta en la presentación de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, el médico Figueredo examinó dos veces a la joven y certificó que "no presentaba lesiones visibles", pese al evidente cuadro de sangrado que presentaba la víctima. Fue al observar su estado de anemia grave cuando procedió a ordenar la derivación al Hospital de Juan José Castelli.
Para el organismo estatal, el médico actuó "dolosamente, al no aplicar de manera urgente el protocolo único para casos de abuso sexual, más aún, cuando conocía la situación por ser médico, notándola dolorida y con todo el cuadro clínico que consta en el expediente".
"Falseó dos informes médicos y encubrió el hecho", consigna el escrito firmado por la secretaría de Derechos Humanos y Géneros. En ese sentido, advirtió que si la Secretaría a su cargo no hubiera tomado la denuncia y que el fiscal se dirigió hacia la localidad de Juan José Castelli todo hubiera quedado en la impunidad "que estos funcionarios públicos buscaban".
“Un pacto de masculinidad y silencio”
Para la querella, el accionar del médico Figueredo representó "un pacto de masculinidad y silencio", más aún cuando se trata de delitos contra la integridad sexual. En ese contexto, indicó que el móvil del crimen es "la discriminación más radical y abyecta contra C.E.N.".
Acta falsa
En cuanto a los funcionarios policiales, en el acta dejaron registrado que la joven relató no haber sido forzada a mantener relaciones sexuales con el agresor incurriendo en aparentes contradicciones respecto del testimonio prestado ante la Fiscalía, en donde se aplicaron los protocolos para garantizar los derechos de C.E.N., y también con la gravedad de las lesiones sufridas y que fueron constatadas en el hospital de Juan José Castelli.
"En el acta se han volcado maliciosamente declaraciones que nunca existieron, en fecha dudosa y desconociendo si le fue leída en su lengua a C.E.N", señala la presentación judicial. Al respecto, agrega que "estos policías varones, eludieron arbitraria e ilegalmente la aplicación del "Protocolo de Actuación Policial ante Situaciones de Violencia contra las Mujeres" Ley Nro. 1826-J, entre una lista interminable de buenas prácticas para estos hechos".