Este jueves intervino el Gobierno Provincial para abordar el conflicto social que se intensificó con una nueva interrupción del tránsito. Para garantizar la libre circulación de la ciudadanía el Ministerio de Seguridad y Justicia actuó en base a lo determinado en el protocolo de actuación Garré, de petición ante las autoridades y los poderes públicos.
Durante toda la semana los distintos ministerios atendieron a los grupos sociales para escuchar sus peticiones, dándoles soluciones posibles en el marco de la emergencia económica que atraviesa la provincia del Chaco. Particularmente este jueves fue que el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Infraestructura establecieron canales de diálogo para seguir recibiendo las demandas de las personas que habían cortado el tránsito.
“La instancia de mediación se vio agotada por lo que la policía cumplió con la orden del Juzgado de Faltas de la Dra. Marcela Cortés y a partir de la agresión por parte de los manifestantes se tuvo que hacer uso de la fuerza racionada, proporcionada, legal y oportuna”, explicó la Ministra de Seguridad y Justicia Gloria Zalazar.
La Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno Provincial monitoreó en tiempo real el accionar policial, tal como lo vino haciendo toda la semana, en el marco de la legalidad formal de la Ley 7.710, que estipula criterios mínimos de actuación de las fuerzas policiales en contextos de protestas sociales.
Desde hace varios días que la ciudadanía de Resistencia se ve fuertemente afectada y conmovida frente al constante cercenamiento de derechos para poder asistir a sus espacios de trabajo y cumplir con sus obligaciones.
La ministra señaló: “Todos nos tenemos que respetar entre todos. Lo que la ciudadanía nos pide es poder circular libremente, por eso se actuó conforme a lo que establece el protocolo.” Silvana Pérez, secretaria de Derechos Humanos y Géneros, dio instrucciones para que trabajadores y trabajadoras del área acompañaron a los detenidos y a las detenidas y pusieron a disposición todas las herramientas legales del Gobierno.
Los incidentes concluyeron con cinco lesionados, integrantes de la fuerza policial que fueron inmediatamente atendidos por el servicio de Salud Pública.