Además rechazaron la posibilidad de que la causa pase a competencia federal por tratarse de lavado de dinero.


El juicio oral y público de la causa Embrujo fue postergado hasta que el juez de instrucción Sergio Pineda resuelva los pedidos de probation para seis de los doce imputados. Esto podría tener tres instancias: si lo rechaza el juez original irá a la Cámara de Casación Penal y si también resulta negativo, deberá resolverlo el Superior Tribunal.

El Tribunal conformado por los doctores Alejandro Soñis, Marcela Pérez y Ricardo Rolón resolvió por mayoría postergar el debate hasta la resolución de las probation para Natalia y Giuliana McLeod, “Tato” Ramón, Jorge Godoy, Sandro Figueroa y Cristian Gisande.

Los jueces modificaron lo que habían resuelto en un cuarto intermedio cuando decidieron la continuidad del juicio sin los imputados que solicitaron la probation. Por su parte el fiscal Alex Williams consideró lógica la decisión del Tribunal: “Quien corresponde que intervenga en la suspensión es el juez preliminar (Sergio Pineda). Descartaron parte de su resolución que era empezar con la mitad de los imputados”.

Los 12 imputados en la causa “Embrujo”. Compuesto por empresarios, funcionarios y particulares.

El fiscal Rodríguez expresó que “en una hipótesis en la que se trabaja sobre una asociación ilícita y la gente que participa satelitalmente de ese grupo, hacer el juicio con la mitad de los imputados era una cuestión sumamente incomoda desde lo técnico y procesal para llevar adelante. Nos parece acertado dejar supeditada la continuidad del debate hasta que se resuelve la cuestión de la suspensión del juicio a prueba”.

Esta resolución podría imponer una pausa de varias semanas, al respecto, la Oficina Judicial comunicó que este miércoles se celebrará la primera audiencia para analizar las suspensiones del juicio a prueba. Además rechazaron el pedido de que pasase a competencia federal por tratarse de lavado de activos.

“Tenemos una enorme cantidad de fundamentos para sostener que cuando los bienes afectados son de la provincia, la competencia es la provincia. Caeríamos en el absurdo de hacer un juzgamiento federal y que los bienes recuperados pasen al estado federal cuando el erario que se afectó es el provincial. Tengo la impresión que la situación está muy clara”, sostuvo Williams.

Los fiscales presentaron en el inicio a 131 testigos para que declaren en el juicio y la incorporación de 230 pruebas documentales. También pidieron que se haga la inspección ocular de los inmuebles embargados y se reproduzcan las intervenciones telefónicas. Se tuvo prescindir de algunos testigos para darle mayor celeridad a la causa. Según publicó Radio 3.






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