Adrian Gerbaudo
El día siguiente a que el gobierno nacional haya anulado la licitación del dragado y balizamiento de la Hidrovía, el diputado provincial Mariano Cuvertino (Unidos para cambiar Santa Fe) se refirió al tema y dijo que fue el final esperado de un proceso que estuvo cuestionado desde sus inicios: “la licitación de la hidrovía empezó con sospechas y terminó con sospechas.
Fue un papelón del gobierno nacional en un tema donde desde el primer día todos los actores estamos cuestionando el proceso. Incluso, hasta hay un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), una fiscalía autónoma que depende del Ministerio Público, donde alerta sobre graves falencias en el proceso de licitación”, dijo durante la sesión del jueves de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe. “No solo hemos asistido a un hecho de irresponsabilidad política del presidente y de los que buscaron dirimir su interna política usando esta licitación como moneda de cambio, sino que hemos condenado a las provincias ribereñas a desaprovechar este recurso, uno de los más importantes que tiene nuestro país”, agregó.
El diputado mencionó que para el bloque Socialista la hidrovía siempre fue una cuestión de interés y ocupación porque no se trata de un simple corredor de transporte, sino “de la columna vertebral del comercio, de la integración regional y la llave para un desarrollo económico y social en una escala que todavía América del Sur no ha conocido. Hemos desaprovechado una nueva oportunidad de desarrollar lo que podríamos llamar “la Misisipi del sur”, ya que ese es el potencial de este enorme ecosistema productivo que involucra a los cinco países que son parte de la Cuenca del Plata y de más de 3 millones de superficie donde están las tierras más ricas de sudamérica”, agregó.
Agredir al federalismo y dar la espalda a un enorme ecosistema productivo
No es la primera vez que Cuvertino se pronuncia sobre el tema. En julio del año pasado presentó un proyecto alertando sobre el desmantelamiento de los organismos de administración y control y el apartamiento de las provincias de estos espacios, y en octubre advirtió sobre el interés del gobierno nacional en reducir la hidrovía a su mínima expresión. “No fui el único diputado que planteó estos temas, más allá de algunas diferencias, todos quienes en esta cámara nos hemos manifestado, tuvimos un denominador común que tiene que ver con que se está agrediendo el respeto de un precepto constitucional, como es el federalismo y el derecho de las provincias ribereñas”, dijo. Y agregó: “El gobierno solo ve un negocio a 60 años por 30 mil millones de dólares y tiene una mirada porteñocéntrica de la hidrovía que como mucho llega hasta las barrancas del Rio Paraná en la ciudad de Rosario, desconociendo la realidad concreta de la producción, el trabajo y la vida de miles de argentinos que viven en las provincias del litoral”.
Para finalizar, el diputado Cuvertino pidió que el gobierno nacional siente a los actores públicos y privados a la mesa de decisión, para que se pueda iniciar un proceso legítimo que asegure resultados distintos y positivos. “No debemos agotar la discusión sobre tramos de dragado o pies de profundidad, sino que necesitamos poner proa hacia un modelo de desarrollo productivo para la Argentina, que respete los principios de la república, la democracia y le federalismo. Abandonar esta pretensión, apurarse con una licitación desprolija, poco transparente, sembrar sospechas y acusaciones cruzadas es sintomático de la falta de proyección de la Argentina actual. Una visión que no sólo deja en la marginalidad a toda la Región Centro-Litoral, sino que abandona también un potencial de riqueza en una escala muy superior a la actual”, concluyó.
Sobre la hidrovía
La hidrovía Paraguay-Paraná es un corredor natural de 3.442 kilómetros que nace en Puerto Cáceres, Brasil, y se extiende hasta la desembocadura del río de la Plata en el océano Atlántico. Es una vía navegable crucial para la exportación de granos por la que se transporta más del 80% de la producción de Argentina.
Desde hace casi 30 años, la concesión de la vía navegable troncal (VNT) estuvo administrada por un consorcio privado conformado por la empresa belga Jan de Nul y la argentina Emepa. Cuando caducó el contrato, en 2021, el gobierno de Alberto Fernández devolvió su manejo a manos del Estado. Tras dos años sin definiciones, en 2024 se abrió un proceso de licitación para concesionar el mantenimiento, la señalización y las tareas de dragado de la hidrovía desde el kilómetro 1.238 del río Paraná, en su confluencia con el río Paraguay, hasta la zona de aguas profundas del Río de la Plata, que fue el que se el miércoles se dio de baja.