Adrian Gerbaudo
La decisión de la oposición del Concejo Municipal, que modificó el Código Urbano pero sin permitir la instalación de la estación de servicio en la intersección de las avenidas Fanti y Suipacha, sigue generando repercusiones en el ámbito político. En este caso, fue el pleno de la Confederación General de los Trabajadores de nuestra ciudad, que se pronunció en contra de la decisión de los ediles.
Bajo el título "Cuando la mezquindad política conspira contra el desarrollo de las comunidades", se emitió un comunicado en donde ratificaron los dichos de Darío Taverna, Secretario General del SOESGPyLA (Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos).
"Considerando la reciente decisión del Concejo Municipal de Rafaela, a partir de la cual, se trunca la posibilidad de concreción de un emprendimiento privado vinculado al rubro de "Estaciones de Servicios" que es de público conocimiento y ante las recientes declaraciones del Compañero Darío Taverna, Secretario General del sindicato que representa a los trabajadores del sector; esta CGT se ve en la necesidad de manifestar nuestro total respaldo a los términos vertidos por el citado dirigente", indica la CGT y agrega "entendemos que el interés generado por la iniciativa, si bien hubiera tenido incidencia directa en la realidad del sindicato mencionado, su impacto trasciende hacia el interés general de toda la comunidad".
"Transitamos un momento de una muy complicada realidad laboral, que impone un fuerte ejercicio de interpretación de las oportunidades y de coherencia real, desprovista de los mezquinos intereses políticos partidarios que lamentablemente parecen haberse instalado como ejercicio normal y habitual de la práctica política", dicen y rematan: "Desde lo discursivo se reclama inversiones y desde los hechos se conspira contra ello".
"Ante esta decisión, la ciudad queda excluida de acceder a una importante inversión, que hubiera generado 20 puestos de trabajo permanente, más los numerosos puestos de trabajos directos e indirectos, necesarios para el desarrollo de la obra civil", afirman y añaden: "Para argumentar las decisiones que se opusieron a esta posibilidad, se ha mencionado como fundamentos esenciales, los problemas de seguridad vial que dicho emprendimiento hubiera generado y el apego a un código urbano que debe revisarse, según la opinión de la propia Comisión de Desarrollo Urbano, integrada por varios actores vinculados a la temática como, los Colegios Profesionales, la cámara inmobiliaria, la cámara de la construcción y los propios Concejales".
"Instamos a terminar con la naturalización de estas decisiones, que se toman de espalda a los intereses de la comunidad. Exhortamos a ejercer una escucha atenta, a las opiniones emitidas desde las diferentes comisiones que, con espíritu democrático y participativo, se constituyen para opinar y emitir recomendaciones sobre temáticas de interés comunitario", sentencian.
"Algunos concejales, desarrollan su actividad, movidos por trascendidos, sin interpretar la responsabilidad de su función y sin advertir el impacto que el ejercicio de sus decisiones tiene sobre la comunidad. Para ello se nutren de argumentos irrisorios, que evidencian su desconexión con la realidad", culmina la CGT.