Adrian Gerbaudo
El concejal radical de Cambiemos, Leonardo Viotti, presentó un proyecto de resolución planteando la necesidad de que los 22 policías de la Comunitaria se queden en Rafaela.
“Es gravísima la situación de inseguridad que está atravesando nuestra ciudad, lo vemos traducido en el gran aumento de hechos delictivos, tiroteos y una escalada de violencia, que parece no tener fin. Si no tomamos medidas ya, esto se va a poner cada vez peor", dijo el joven de la UCR.
Recordemos que hace algunos días había cuestionado la política de seguridad del intendente, reclamando que no había policías para la seguridad, pero sí para garantizar el aislamiento.
"Con un análisis simple y con un poco de sentido común, queda en evidencia que los policías que hay en Rafaela no son suficientes. Necesitamos más personal caminando la ciudad y no solamente en el centro, sino también en los barrios que son los que más sufren este flagelo" agregó Viotti.
"Ya nos recibimos de ciudad grande, somos uno de los centros urbanos más poblados de la provincia. Entonces el Gobierno Provincial no debería descuidarnos, llegaron prometiendo más seguridad, bueno, estamos reclamando para que se cumpla. Ya presenté un pedido anterior para que den a conocer el Plan de Seguridad para Rafaela, que todavía brilla por su ausencia", dijo y agregó: "Ahora, todo Cambiemos, estamos impulsando este proyecto para que los 22 efectivos queden permanentes en nuestra ciudad. Queremos que se queden a cuidarnos".
En su momento, el intendente solicitó al Gobierno Socialista 150 nuevos ingresos para la Unidad Regional V de Policía. Del mismo modo debería requerir que estos agentes de la Policía Comunitaria, que fueron asignados de manera provisoria y temporal durante el fin de semana del 8 de agosto pasado en el marco de la pandemia Covid-19, sean asignados de manera permanente en nuestra ciudad.
Viotti cerró su argumento diciendo “La seguridad pública es la mayor demanda de los rafaelinos al Gobierno Nacional, Provincial y Municipal, escuchémoslos y hagamos cumplir la obligación del Estado de garantizar bienestar, calidad de vida y paz social para todos los vecinos de los barrios, sin dejar de lado ningún sector de Rafaela”.