Adrian Gerbaudo
El Fiscal Federal Jorge Onel le solicitó a la Justicia Federal (ahora, tramitada en Santa Fe, tras la renuncia del juez Miguel Abásolo) que deje en libertad a Luciano Alvarado Colque, un joven de 21 años, oriundo de Bolivia, que hace cuatro meses había sido detenido en Rafaela, en un operativo realizado por Gendarmería, luego de despedir casi medio kilo de cocaína que llevaba en su cuerpo.
El 11 de diciembre pasado, los efectivos del Escuadrón Vial "Rafaela" se encontraban realizando controles controles en el kilómetro 228 de la ruta nacional N° 34. En ese marco, detuvieron la marcha de un transporte público que circulaba desde la ciudad jujeña de La Quiaca con destino final la Terminal de Ómnibus de Retiro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De acuerdo a lo informado oficialmente, "al llevar a cabo la inspección, los uniformados detectaron que un pasajero de nacionalidad boliviana llevaba en el bolsillo de su pantalón dos capsulas con cocaína, las cuales habían sido expulsadas por el hombre". No hay detalles de cómo sucedió esto. Lo llevaron al Hospital y esperaron que evacuara las 80 cápsulas de cocaína que estaban en su tracto digestivo. Entre todas, pesaban 1.104 gramos.
El 19 de diciembre fue indagado y lo procesaron y le dictaron la prisión preventiva antes de que termine el año, el 30 de diciembre. Ahora, el fiscal federal Jorge Gustavo Onel solicitó al juez su sobreseimiento. "Es una persona que presenta un considerable grado de vulnerabilidad", aseguró el funcionario del Ministerio Público Fiscal, según el diario El Litoral de Santa Fe.
El fiscal dice que no se puede determinar si actuó solo o fue utilizado por terceros. Por lo pronto, en su teléfono no encontraron mensajes que lo vinculen a una de ellas.
Para el fiscal es "altamente factible" que el caso se encuadre en "reducción a servidumbre", que aparece "asociada a la obtención de la fuerza de trabajo de la víctima a través de su sometimiento". En tal condición es que habría hecho el viaje, transportando la mercancía.
"Sin perjuicio de las discusiones doctrinarias respecto de la naturaleza jurídica de este instituto, de lo que se trata es de que el Estado, aún cuando se hubiera verificado la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad de la conducta del imputado, no está en condiciones, por razones de política criminal y de protección del interés de la víctima, de formularle un reproche penal", aseguró el fiscal Onel.