El concejal Lisandro Mársico (FPCyS-PDP), ingresó un proyecto de ordenanza, el cuál en su parte esencial establece que el Departamento Ejecutivo y el Concejo Municipal de la ciudad de Rafaela no podrán designar funcionarios a quienes se encuentren incluidos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Santa Fe y hace extensible el requisito a los proveedores y contratistas de la Municipalidad de Rafaela y del Órgano Legislativo local.
En el caso de los contratistas y proveedores, a los fines de su comprobación deberán adjuntar a sus antecedentes una certificación anual en la que conste que no se encuentran incluidos. En el caso de las personas jurídicas, tal requisito debe ser cumplimentado sólo con los miembros directivos.
Para los funcionarios municipales, antes de su designación se les deberá requerir la certificación de que se encuentran excluidos del Registro y/o han cumplido sus obligaciones como deudor moroso, esta constancia la deberán presentar una vez por año.
"Resulta necesario contar con herramientas razonables que se puedan utilizar con el objetivo de que el deudor alimentario se vea presionado y no evada el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, generando prohibiciones que desalienten las conductas desobedientes de los deberes impuestos por ley", sostuvo el edil demoprogresista.
