El Colegio se reunió con el Fiscal Martín Castellano, que decidió el allanar el miércoles 11 a 12 locales que hacían corretaje inmobiliario por supuesto delito de usurpación de título.


El pasado miércoles 11 de septiembre, sobre el mediodía, se desarrolló un operativo en 12 inmobiliarias de la ciudad de Rafaela. Decidido por el FIscal Martín Castellano, la Policía Federal -que llevó adelante los allanamientos- se llevó documentación que intentará probar que los martilleros públicos estaban usurpando el título de corredor inmobiliario.

La disputa sobre si los martilleros pueden o no realizar esta actividad es de larga data y ahora, en la ciudad de Rafaela, llegó a su punto máximo. Nunca hasta ahora, se habían llevado adelante allanamientos habilitados desde la Justicia. Los corredores inmobiliarios reclaman que en cada localidad haya una ordenanza que exija el cumplimiento del título. En Rafaela, no existe.

Ante este escenario, el Colegio de Martilleros emitió un comunicado en donde se afirma textualmente lo siguiente: ” ante los atropellos suscitados a matriculados de este colegio profesional por denuncias infundadas ante los tribunales de Rafaela, es imperioso dejar aclarado ante la opinión pública y los señores funcionarios intervinientes, que nuestros colegiados se encuentran perfectamente habilitados para el ejercicio profesional de Martillero y Corredor y que cumplimentan con los requisitos exigidos para desempeñar irrestrictamente la profesión para la que se encuentran habilitados”.

“Consecuentemente resulta carente de todo sustento la denuncia del delito de usurpación de título, en tanto en lo que refiere a nuestros matriculados. Los mismos cumplimentan con todos los requisitos de la Ley Nacional 20.266 la cual rige y reglamenta la profesión de Martillero y Corredor”, sostuvieron.

“Resulta pertinente aclarar que este Colegio profesional se encuentra habilitado para matricular a egresados universitarios que cuenten con el título de Martillero y Corredor en cualquiera de las universidades nacionales públicas o privadas del país para el ejercicio profesional pleno de todas sus competencias”, indicaron.

“Contamos para ello con el respaldo de lo resuelto en el fallo judicial producido por la Cámara de Apelación en lo penal de Santa Fe de fecha 10/06/05 en autos mencionado Mario C. Norberto sobre recurso de apelación Interpuesto ante Colegio profesional, él disponer que la Ley Nacional había sido operativa y en consecuencia el otrora colegio de martilleros estaba inscribiendo correctamente a los nuevos profesionales”, sentenciaron.

“En igual sentido para quienes contaban con el certificado de idoneidad de Corredor de acre la operatividad de la ley especial número 20266 y 25028 en toda su equipación y alcance en el fallo penal “dadia” de la segunda nominación de los tribunales de Santa Fe y sus acumulados por denuncias formuladas por supuesta usurpación de títulos artículo 247 del código penal. Donde se dispuso el sobreseimiento definitivo. Sentamos certeza en cuanto a que no existe delito de usurpación de título ya que se encuentran alcanzados por la ley especial número 20266 reformada por las leyes números 25028 y numero 26994 y dejando en suspenso la resolución del resto hasta tanto no esté resuelta la inconstitucionalidad de la ley provincial 13154 planteada por el colegio de Martilleros y Corredores las que tramitan por ante el Juzgado de Primera instancia del distrito número uno en lo civil y comercial de la décima nominación Santa Fe”, agregaron.

“Nuevamente el Colegio de Corredores pone en rémora la actividad del Martillero y Corredor desconociendo que son dos actividades de una misma profesión a la que habilitan como dijéramos más arriba las distintas universidades que dictan la carrera de Martillero y Corredor en el país”, destacaron.

“En tal sentido es oportuno hacer saber que quienes estarían fuera de todo el encuadre legal serían los propios denunciantes al incumplir los requisitos de la ley que los convoca la 13.154 cuando la misma exige como requisito para su matriculación título de agente o corredor inmobiliario hasta el momento inexistente”, dijeron.

“A nuestro entender los denunciantes con su accionar no hacen más que poner en vilo a la sociedad al intentar pretender lograr en otra jurisdicción un fallo contrapuesto y contradictorio respecto de los emanados por la justicia”, afirmaron, para concluir diciendo “para finalizar y llevar tranquilidad reiteramos a la sociedad entera que los matriculados en el colegio que representamos se encuentran inscriptos y habilitados para el ejercicio profesional como Martillero y Corredor”.




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