El bloque vecinalista busca crear una mesa de trabajo permanente, donde se unan todos los sectores políticos frente a la situación de la empresa de agua.
Bien Común manifestó, “Una vez más desde nuestro espacio estamos impulsando la concreción de una mesa de trabajo permanente, donde se unan todos los sectores políticos frente a la situación de la empresa de agua. Tal es así que presentamos un decreto y aún nos encontramos a la espera de su tratamiento”.
Ante está cuestión Schamber, García y Delle Donne afirmaron que, “es prioritario que oposición y oficialismo tengan una agenda común y compartida que apunte a la mejora de las condiciones de vida de los vecinos. Así mismo buscamos que se planifiquen gestiones por los próximos años y que sean sostenidas a lo largo del tiempo independientemente de quien gobierne el Municipio”.
Por otra parte indicaron que “el año pasado intentamos aprobar una ordenanza que multara la falta de cumplimiento de obras por parte de empresas de servicios públicos, pero lamentablemente los otros bloques no nos acompañaron. Entonces hoy nos toca ver como a nivel nacional se multa a empresas como Edenor o Edesur pero en Rosales no se cumplen los contratos de concesión de las empresas de obras sanitarias”. Es en este punto donde consideramos que la OMIC debe iniciar la vía judicial, ya que es el órgano municipal habilitado para hacerlo, respaldandose en la ley de defensa del consumidor”.
“Vale destacar que lo mencionado anteriormente es algo en lo que venimos insistiendo hace mucho tiempo, pero sin tener acompañamiento del resto de los bloques de concejales. Desde Bien Común creemos que es tiempo de unidad en los objetivos y priorizar el interés de los vecinos. En lo que respecta a nuestra postura como bloque vamos a pedir formalmente a la OMIC -organismo que depende del Intendente Uset- que explique el alcance de las presentaciones administrativas realizadas ante la falta de agua”.
“No podemos seguir normalizando que vecinos que no tienen servicio reciban su factura puntualmente, ya que no es justo. El sistema de cobro impuesto desde 2016 en el mandato de Vidal debe ser revisado por cobrar en función de la valuación de las viviendas sin considerar el suministro consumido, a lo cual nos oponemos”, finalizaron.
