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| martes, 14 de julio de 2026
La investigación por el asesinato de Ilan Mareco Vázquez, el niño de 8 años hallado sin vida el lunes en una vivienda del barrio Nueva Ciudad del Este de Santa Ana, incorporó el testimonio de una tía de la víctima, quien describió un contexto de presunta violencia familiar y problemas de salud mental de la madre del menor.
Según relató la familiar, la mujer habría ejercido agresiones físicas contra sus hijos de manera reiterada durante varios años. También sostuvo que la familia conocía esos episodios, aunque evitaba intervenir por temor a posibles reacciones violentas.
De acuerdo con su testimonio, una de las hijas de la acusada había buscado ayuda tiempo atrás tras una agresión ocurrida en la vivienda. Además, afirmó que la madre restringía el contacto de los niños con otros familiares, vecinos y amigos, lo que, según indicó, contribuía al aislamiento del grupo familiar.
En paralelo, la Dirección de Asuntos de Familia y Género informó que existían denuncias cruzadas entre la pareja por conflictos de convivencia y violencia familiar registradas entre 2024 y 2026. No obstante, aclaró que en los antecedentes oficiales no figuraban denuncias por agresiones directas contra los hijos.
La familiar también señaló que la mujer atravesaba problemas de salud mental y que había recibido indicaciones para realizar un tratamiento psiquiátrico con medicación y controles médicos, aunque sostuvo que ese seguimiento no se habría mantenido.
Además, recordó un episodio previo en el que la acusada habría protagonizado un hecho violento que derivó en una intervención policial y una evaluación médica, tras la cual se le habría indicado continuar con un tratamiento especializado.
Los investigadores manejan como hipótesis preliminar que la mujer pudo haber atravesado un episodio psicótico al momento del crimen. Sin embargo, esa posibilidad deberá ser confirmada mediante pericias psicológicas y psiquiátricas, que serán determinantes para establecer su estado de salud mental y su eventual imputabilidad.
La acusada, de 30 años, continúa internada bajo custodia policial en el Hospital Escuela de Agudos Ramón Madariaga de Posadas, donde permanece sedada y recuperándose de las lesiones que se habría provocado tras el hecho. Hasta el momento, no pudo ser indagada por la Justicia.
Una vez que reciba el alta médica, el juez de la causa ordenará las evaluaciones interdisciplinarias correspondientes para definir si continúa alojada en una institución de salud mental o es trasladada a una dependencia policial mientras avanza el proceso judicial.
En tanto, las otras dos hijas de la mujer, de 15 y 10 años, permanecen provisoriamente al cuidado de una hermana de la acusada, mientras los organismos judiciales y de protección de derechos resuelven su situación.
Jimena Leguizamón