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| jueves, 04 de junio de 2026
Tres efectivos de la División Investigaciones de la Unidad Regional I de Posadas fueron detenidos en el marco de una causa por presunto cohecho y extorsión, luego de una investigación judicial impulsada a partir de la denuncia de un comerciante que afirmó haber sido presionado para entregar dinero a cambio de recibir beneficios en una causa penal.
La pesquisa está a cargo del juez de Instrucción Dos, Juan Manuel Monte, quien ordenó distintas medidas de prueba tras la presentación realizada por el empresario, propietario de una distribuidora ubicada sobre avenida Vivanco. Según consta en el expediente, el denunciante aportó grabaciones de audio, registros fílmicos y documentación notarial relacionada con el dinero presuntamente exigido.
De acuerdo a la investigación, el conflicto habría surgido tras una disputa comercial vinculada a la disolución de una sociedad y una posterior denuncia presentada por un ex socio. En ese contexto, los policías involucrados habrían ofrecido intervenir para evitar una eventual detención del comerciante a cambio de una suma de dinero.
Con los elementos reunidos, Asuntos Internos y la Justicia avanzaron con un operativo encubierto que se concretó durante la noche del miércoles en una distribuidora de Posadas. Allí, efectivos de Drogas Peligrosas interceptaron a uno de los uniformados señalado como la persona encargada de retirar el dinero.
Durante la requisa, los investigadores encontraron en poder del efectivo 60 billetes de 20 mil pesos, por un total de 1.200.000 pesos. Según el informe pericial, la numeración coincidía con la certificación realizada previamente ante escribano, como parte de la maniobra controlada por la Justicia.
En el procedimiento también fue secuestrada una motocicleta perteneciente al policía detenido y se realizaron peritajes en el lugar. Posteriormente, otros dos integrantes de la División Investigaciones UR-I fueron arrestados por disposición judicial en el marco de la misma causa.
Desde la Jefatura de Policía confirmaron que los tres efectivos fueron separados preventivamente de sus funciones mientras avanza tanto la investigación penal como el sumario administrativo interno.
Además, la Justicia ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de los involucrados para ser sometidos a peritajes técnicos. La causa permanece bajo secreto de sumario y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.
Jimena Leguizamón