Jimena Leguizamón
En un contundente pronunciamiento, la Unión de Personal Policial y Penitenciario de la provincia de Misiones expresó su firme rechazo al protocolo antipiquetes establecido por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. En un documento presentado, el gremio solicitó al gobernador Hugo Passalacqua que evite la implementación de la mencionada normativa en el territorio misionero.
El grupo de policías destacó que, dadas las características de las protestas en la provincia, no ha sido necesario recurrir al desalojo. Sin embargo, consideran que el protocolo propuesto por Bullrich “afecta más allá de la seguridad pública, nuestro sistema republicano de gobierno, sus instituciones y la democracia misma”.
En el documento, subrayaron la importancia del legítimo derecho constitucional de manifestarse pacíficamente en espacios públicos y expresar peticiones a las autoridades. Argumentaron que, en ausencia de un peligro concreto para personas o bienes, y ante la existencia de vías alternativas de circulación, no puede aplicarse el artículo 194 del Código Penal.
Este artículo establece que “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de 3 meses a 2 años”. En este contexto, afirmaron que “no cualquier alteración o interrupción del tránsito vehicular significa la comisión de un delito penal”.
La Unión insta a preservar el derecho a la protesta pacífica y a respetar los principios democráticos en la provincia de Misiones.