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| miércoles, 09 de septiembre de 2026
El dato fue confirmado por el subjefe de la Policía de Misiones, Raúl David Maslowski, quien explicó el protocolo que aplica la fuerza ante la intervención de menores de edad y destacó que la provincia contaba desde 2017 con un procedimiento específico para estos casos.
La principal modificación del nuevo régimen es que la responsabilidad penal juvenil alcanza ahora a los adolescentes desde los 14 años. Hasta la implementación de la nueva normativa, el protocolo policial contemplaba a jóvenes de 16 y 17 años.
De los cuatro adolescentes detenidos desde la puesta en marcha del régimen, tres fueron entregados nuevamente a sus familias por disposición judicial. Según explicó Maslowski, esos casos estuvieron relacionados con desórdenes, agresiones, lesiones y amenazas.
El cuarto adolescente permanece alojado en el Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niños y Adolescentes (CeMoAS) por una causa de robo.
Maslowski explicó que la Policía de Misiones comenzó a capacitar a sus efectivos desde abril para adaptar los procedimientos al nuevo marco legal. Las jornadas alcanzaron a las 15 unidades regionales y contaron con la participación de abogados, jueces, secretarios de juzgados y fiscales.
El protocolo establece que los menores no pueden permanecer alojados en celdas de comisarías. Ante una detención, la Policía debe comunicar de inmediato la situación al juez, al fiscal correccional y de menores y a los padres o responsables.
Además, el adolescente debe recibir una revisión médica y luego ser trasladado a un CeMoAS, donde queda bajo la órbita correspondiente. La Policía deja de tener la responsabilidad sobre su alojamiento una vez concretada la derivación.
Misiones cuenta actualmente con cuatro CeMoAS, ubicados en Posadas, Oberá, Eldorado y Puerto Rico. Cuando la intervención ocurre en una localidad alejada, el adolescente debe ser trasladado hasta alguno de estos centros.
En caso de que la Justicia disponga alguna actuación dentro de una dependencia policial, el menor puede permanecer en una oficina, pero no en el sector destinado a personas detenidas.
El procedimiento también contempla medidas específicas para proteger la identidad de los menores involucrados en causas penales. Por ese motivo, no pueden difundirse sus nombres, fotografías ni otros datos que permitan identificarlos.
Respecto del uso de esposas o elementos de sujeción, Maslowski señaló que la intervención depende de las características y gravedad de cada situación. Ante un riesgo para el adolescente, los efectivos o terceros, puede utilizarse la fuerza necesaria, aunque debe limitarse al mínimo indispensable.
El mismo criterio se aplica cuando la Policía interviene ante una persona armada cuya edad todavía no pudo determinarse. Hasta establecer que se trata de un menor, la aprehensión puede desarrollarse bajo un procedimiento similar al utilizado con un adulto, con la obligación de reducir la utilización de la fuerza.
El subjefe policial sostuvo que la provincia cuenta con una estructura preparada para afrontar eventuales nuevas detenciones. Los CeMoAS dependen del Servicio Penitenciario Provincial y, ante una eventual saturación, Posadas dispone además de una unidad que puede utilizarse para alojar a menores por disposición judicial.
Maslowski remarcó que la entrada en vigencia del nuevo régimen no supone un aumento automático de las detenciones y que la Policía continuará aplicando el protocolo vigente desde 2017, con las modificaciones necesarias por la ampliación de la edad de responsabilidad penal.
Así, los primeros días de implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil en Misiones dejaron cuatro adolescentes detenidos: tres regresaron a sus hogares por decisión judicial y otro permanece alojado en un centro especializado mientras avanza una causa por robo.
Jimena Leguizamón