El hijo prematuro de una chica mbyá guaraní falleció a principios de año y su mamá está presa desde entonces acusada de causar su muerte.


Desde el espacio de género de la CTA  de Misiones pidieron la absolución de la joven mamá mbyá guaraní Miryam Bogado (19) acusada de matar a su bebé. 

La joven mbyá guaraní acusada vive en la aldea Pindoití, cerca de San Ignacio, donde se encontraba la reducción jesuítica de San Ignacio Miní. (CIMECO)

El sábado próximo en la sede nacional de la CTA en Buenos Aires, Corrientes 2150, habrá una mesa abierta para difundir el caso. La chica es oriunda de la comunidad guaraní Pindoití en el Teyú Cuaré, cerca de San Ignacio.

El reclamo en apoyo a la joven guaraní se produjo luego del rechazo de un pedido de Hábeas Corpus presentado por su abogada Roxana Rivas ante el juez de Instrucción Nº 7, Carlos Giménez.

Una típica aldea guaraní. (WEB) Imagen ilustrativa.

La defensa sostiene que no hay indicios ciertos de la causa de la muerte del bebé, pese a lo cual fue caratulada como homicidio calificado por el vínculo. 

La joven que apenas habla español, es mamá de otro niño de 4 años y se encuentra presa desde el 2 de febrero. Su hija fallecida tenía 4 meses y nació prematura a fines de 2018.

La bebé mbyá guaraní estuvo internada 45 días en el Hospital Pediátrico, sufría daños neurológicos graves, no podía succionar la leche de su mamá y era alimentada por sonda.

Rivas, abogada de la mujer acusada, dijo que la bebé fue dada de alta pese a sus condiciones de salud

La abogada se quejó porque la Justicia no puso una intérprete para hablar con la chica y aseguró que la médica que habría constatado las lesiones en el cuerpo del bebé demoró un día en llegar a la aldea, ubicada a 5 kilómetros de San Ignacio.

El cuerpo médico forense del Poder Judicial de Misiones informó que el cuerpo de la bebé tenía lesiones “que fueron producidas por traumatismo contuso con gran violencia“. Por este motivo la madre fue acusada de homicidio y se le dictó prisión preventiva. 

La magister Ana María Gorosito Kramer, quien realizó una pericia antropológica del caso, dijo que se aplicaron normas occidentales para una persona cuyos derechos están reconocidos por la Constitución Nacional.

La preexistencia cultural e institucional de los pueblos originarios, señalaron Gorosito Kramer y la abogada Rivas, están garantizadas por el artículo 75, inciso 17, de la Constitución.

Desde el Espacio de Género de la CTA Autónoma de Misiones denunciaron el desconocimiento de dicho status jurídico por parte de la Justicia. “Miryam está presa por mujer, mbyá, adolescente y pobre”, sostuvo la entidad.

Fuente: Ministerio de Derechos Humanos de Misiones y comunicado CTA




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