Ramiro Pérez
Una historia que genera repudio e indignación sacude a Estados Unidos: una recepcionista de 78 años fue despedida de la residencia para adultos mayores, donde trabajó por más de 15 años, una semana antes de alcanzar su jubilación y solo un mes después de haber sido nombrada “Empleada del Año”.
El insólito hecho ocurrió en Covenant Woods, un centro geriátrico en Georgia, gestionado por la empresa BrightSpace Senior Living. Según determinó la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC), la mujer fue discriminada por su edad y una condición de salud, y la empresa deberá pagarle 78.000 dólares de indemnización.
De ser premiada, al despido sin aviso
En enero de 2022, la empleada fue reconocida públicamente por su dedicación y compromiso. Pero en febrero, luego de ser hospitalizada por un episodio de hipertensión causado por deshidratación, todo cambió. Al regresar a su puesto, fue cuestionada por la gerencia: “¿Cuánto tiempo más pensás seguir trabajando?”, le preguntaron.
Pese a que manifestó su intención de continuar uno o dos años más, la dirección le ofreció condiciones insostenibles: trabajar un solo día a la semana, aceptar un traslado indefinido o convertirse en voluntaria sin sueldo. Ante su negativa, fue despedida por “decisión empresarial”.
Justicia y precedente: la edad no justifica el despido
La EEOC confirmó que el despido violó la Ley contra la Discriminación por Edad en el Empleo (ADEA) y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA). La indemnización incluye 50.000 dólares por daños compensatorios y 28.000 en salarios atrasados. Aunque la empresa cerró el caso sin admitir culpabilidad, el daño reputacional ya está hecho.
Una problemática global en aumento
Este caso no es aislado: en 2023, más de 11 millones de personas mayores de 65 años seguían trabajando en EE. UU., muchas por necesidad económica. En Europa también hay antecedentes: un empleado en Suiza fue despedido días antes de jubilarse y recibió 28.000 euros como compensación.
La historia se ha vuelto viral y reabre el debate sobre edadismo laboral, derechos de los adultos mayores y la necesidad de políticas que protejan a quienes aún quieren —y pueden— seguir trabajando.