Carolina Ramos
Tras la oficialización del veto a las leyes de incremento jubilatorio, restitución de la moratoria y emergencia en discapacidad, se larga la carrera por los votos en la Cámara de Diputados. El oficialismo confía en reunir el tercio necesario para darle el tiro de gracia a las tres normas que desafían el plan fiscal del presidente Javier Milei. La oposición, por su parte, analiza cuál es el mejor momento para ir al recinto en función del calendario electoral, la actitud de los gobernadores y el clima social en las calles.
A través del decreto 534/25, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dictó un veto único para las tres leyes. En la oposición ya estaban advertidos de esta posibilidad, que puede ser leída como una artimaña para complicar la votación, al obligar a los diputados a que se pronuncien sobre el paquete entero y no sobre cada ley en particular. Los bloques anti oficialistas no permitirán ese artilugio y promoverán votaciones por separado.
Como cámara de origen, Diputados debe decidir ahora, “por sí o por no”, si insiste en las leyes. Es decir, se vota a favor o en contra de las leyes, no del veto. Así lo demuestran los antecedentes del año pasado con las normas también vetadas de jubilaciones y universidades: la votación resultó negativa porque no se obtuvieron los dos tercios de votos necesarios para insistir.
¿Cuándo llegará el veto al recinto? Por lo pronto, no será esta semana. Los diputados de la oposición tienen ahora otra prioridad: están enfocados en la sesión especial pedida para este miércoles con una seguidilla de temas incómodos para la gestión mileísta. Al tope figuran las leyes de presupuesto universitario y de emergencia en el hospital Garrahan, que cuentan con dictamen desde antes del receso invernal.
En la misma jornada, buscarán emplazar a comisiones por los dos proyectos de los gobernadores para coparticipar ATN (Aportes del Tesoro Nacional) e impuesto a los Combustibles. Además, intentarán reactivar la comisión investigadora del caso $LIBRA, rechazar cinco decretos polémicos de Milei, e insistir en la asistencia a la localidad bonaerense de Bahía Blanca, afectada por inundaciones. Una ley que también fue vetada por el presidente.
Al día siguiente de la sesión, el jueves, vence el plazo para constituir alianzas electorales. Superada esa instancia, comenzará a tomar más color la definición sobre el veto. El 13 y el 20 de agosto son fechas tentativas para la sesión, pero en el medio se cuela el cierre de listas de candidatos, el 17. Diez días después, arranca oficialmente la campaña proselitista hacia los comicios nacionales del 26 de octubre.
“Dependerá de qué lugares les den en las listas al PRO y la UCR, y de la actitud que tengan los gobernadores”, indicó un referente de la oposición. “Hay que hacer la sesión en plena campaña para octubre, para que quienes banquen el veto y la política de la crueldad paguen costos”, enfatizó otro, más directo. “Los vetos pueden ser derrotados en la calle, con una movilización amplia y medidas de lucha, como un paro nacional”, agregan en la izquierda.
Las miradas vuelven a posarse sobre los gobernadores y hasta dónde tensarán la relación con la Casa Rosada. La novedad de la última semana fue que cinco de ellos (el cordobés Martín Llaryora, el santafesino Maximiliano Pullaro, el chubutense Ignacio Torres, el santacruceño Claudio Vidal y el jujeño Carlos Sadir) conformaron un espacio propio y enfrentado a Milei. Reúnen alrededor de una docena de diputados, que habitan en diferentes bloques.
Entre los mandatarios, Llaryora se erige como el más decidido a confrontar con el presidente: subió recientemente las jubilaciones en la provincia y se encamina a aportar cinco votos a favor del aumento de los haberes a nivel nacional. Esos cinco legisladores (Carlos Gutiérrez, Ignacio García Aresca, Juan Brügge, Alejandra Torres y Natalia De la Sota) ya votaron a favor de la ley dos meses atrás. De hecho, fue una de las pocas votaciones unánimes del año dentro del cordobesismo.
En paralelo, los gobernadores pujan por sus dos proyectos aprobados en el Senado para que la Nación gire recursos que le pertenecen a las provincias. Con la excepción del mendocino Alfredo Cornejo (que retiró a sus dos senadores de la votación y acaba de cerrar un acuerdo electoral con La Libertad Avanza), los mandatarios no parecen bajarse del reclamo. De hecho, la oposición intentará desbloquear en la sesión del miércoles la Comisión de Presupuesto y Hacienda para iniciar el debate, que se cruza con el del veto.
Los números
El número para blindar el veto, si los 257 diputados se encontraran presentes, es de 86 votos. La Libertad Avanza, que acaba de conformar un interbloque con los “radicales con peluca”, totaliza 46 diputados. Por eso, necesita bucear en la pecera del PRO y la UCR, que ya votaron divididos y con un buen número de abstenciones. Los acuerdos electorales a los que puedan arribar unos y otros en las distintas provincias prometen ser determinantes para la suerte de las leyes.
Las negociaciones están focalizadas en los diputados que se abstuvieron o se ausentaron en la votación original. El desafío para La Libertad Avanza es transformar esas abstenciones y ausencias en votos a favor de los vetos, o en todo caso evitar que se conviertan en votos en contra. Además, mientras más ausentes haya en la oposición, será más fácil para el oficialismo reunir el tercio, porque se reduce la base para calcularlo: ya no necesitaría 86 votos, sino menos.
La ley donde se posa la mayor expectativa es la que incrementó los haberes jubilatorios en un 7,2% y llevó el bono a $110.000. La oposición parte con desventaja, porque el proyecto no llegó a los dos tercios de los votos: cosechó 142 afirmativos, 67 negativos y 19 abstenciones, y hubo 28 ausentes. En ese tablero, uno de los datos que todos miran es que 9 de los 14 radicales y 9 de los 35 del PRO se abstuvieron.
Algunas de esas abstenciones están cerca de transformarse en apoyos al veto. Es lo que puede pasar, por ejemplo, con los diputados mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri, soldados del gobernador Cornejo, quien ya cerró un acuerdo con los libertarios y colará a Verasay en la lista. Lo mismo podría suceder con el jefe del bloque radical, Rodrigo De Loredo, si finalmente arriba a un acuerdo con La Libertad Avanza en Córdoba.
En el PRO se juega un partido similar. Como botón de muestra, una de las que se abstuvo, María Sotolano, ahora es candidata bonaerense en el marco de la alianza con los libertarios. Es decir, puede virar hacia un voto afirmativo. Otras abstenciones serán más difíciles de torcer, como la de María Eugenia Vidal, quien anticipó en diálogo con La Voz en Vivo que volverá a tomar ese camino. “No quiero elegir entre malo y horrible”, argumentó.
El cordobés Héctor Baldassi fue el único integrante del PRO que votó a favor del incremento jubilatorio, por lo que mantendría esa postura. Podría sumársele un porteño larretista, Álvaro González, que estuvo ausente.
Como cada voto cuenta, también hay expectativa sobre otros dos bloques de tres integrantes cada uno que tomaron distancia del oficialismo. Uno es el MID: salvo la cordobesa Cecilia Ibáñez, que votó en contra, los otros dos se ausentaron. El otro espacio es Independencia, que responde al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo y acompañó unánimemente las tres leyes, en un sorprendente gesto de rebeldía que ahora el Gobierno deberá revertir.
Otra bancada relevante con anclaje en gobernadores es Innovación Federal, donde hay diputados de Salta, Misiones y Río Negro. De los ocho integrantes, dos salteñas votaron a favor y los seis restantes (uno de Salta, cuatro de Misiones y uno de Río Negro) se ausentaron. Antes que concurran a votar a favor de las leyes, al oficialismo le conviene mantenerlos afuera.
La segunda de las leyes jubilatorias vetadas, que vuelve a poner en vigencia por dos años la moratoria previsional, tiene menos chances de ser ratificada por la oposición, porque en la votación original obtuvo 110 votos a favor, 100 en contra y 15 abstenciones, y hubo 30 ausentes. El grueso de la oposición no kirchnerista no acompaña esta norma; considera que el régimen de jubilaciones sin aportes está agotado.
En cambio, la emergencia en discapacidad representa la mayor señal de alarma para el Gobierno, porque ya fue aprobada con dos tercios de los votos: recibió 148 afirmativos, 71 negativos y 3 abstenciones. Hubo 34 ausentes, entre ellos De Loredo. El debate es sensible e incomoda a los aliados oficialistas. Hasta los “radicales con peluca”, que recientemente conformaron un interbloque con los libertarios, pedían un “gesto” hacia el colectivo afectado por los recortes.