La presión del Gobierno nacional para llevar adelante el juicio político contra la Corte Suprema de Justicia continúa creciendo y, como había trascendido, la vocera presidencial Gabriela Cerrutti confirmó este jueves la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso para impulsar la medida.
El miércoles por la tarde Alberto Fernández recibió en Olivos al jefe del bloque, Germán Martínez, y a la titular de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, para entregarles formalmente el pedido de juicio político contra la Corte Suprema y solicitarles que “apuren el debate”.
“Será en la segunda quincena de enero, la semana que viene va a estar saliendo la convocatoria”, precisó Cerruti en la tradicional rueda de prensa de los jueves en Casa Rosada.
La portavoz de la Presidencia agregó que “el Gobierno intentará sumar voluntades en en la Cámara de Diputados para logar que avance” el juicio político a la Corte Suprema.
Así mismo, indicó que “la Corte Suprema es arbitraria y complica con sus fallos la vida de la gente”.
Al referirse pedido de juicio político contra los integrantes del máximo tribunal impulsado por el presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores, Cerruti aseguró que “la mayoría de los mandatarios provinciales” respalda la iniciativa.
El temario se termina de pulir entre la Casa Rosada, la vicepresidenta Cristina Kirchner y la titular de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, e incluiría, además del juicio político a la Corte, otros tres proyectos económicos fogoneados por el ministro Sergio Massa, sumados a algunas otras iniciativas.
CUÁL ES EL OBJETIVO DE ALBERTO FERNÁNDEZ
Con apoyo de un grupo de gobernadores, Fernández busca que el Congreso remueva de sus cargos a los jueces Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, por mal desempeño en ejercicio de sus funciones.
Entre los hechos denunciados figuran el fallo que restituyó la vieja composición del Consejo de la Magistratura, la sentencia a favor de la Ciudad de Buenos Aires en el reclamo por la coparticipación y los chats entre el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, vocero y hombre de confianza de Rosatti.
