Carolina Ramos
Tras eliminar del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada el capítulo de extranjerización de tierras, La Libertad Avanza sufrió un nuevo revés en el Senado: tuvo que resignar la derogación de parte de la Ley de Manejo del Fuego. La jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, retiró el capítulo a último momento porque tampoco reunía los votos. Solo se aprobaron los cambios en desalojos, expropiaciones y Registro del Inmueble.
El proyecto recibió en general 37 votos afirmativos y 33 negativos. El problema llegó con la votación en particular: tras intensas negociaciones a lo largo de la jornada, que incluyeron una reunión de urgencia en el Salón Eva Perón, Bullrich vio caer votos para el apartado sobre el destino de las tierras incendiadas y decidió extirparlo, al igual que el de Tierras. El anuncio fue hecho por Agustín Coto, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, antes de la votación.
Tiempo atrás, el oficialismo también había tenido que suprimir otro capítulo que descentralizaba el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares). En síntesis, la media sanción final quedó raquítica en comparación al megaproyecto que había enviado el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El resultado de la sesión solo puede ser leído como una derrota.
En la Ley de Manejo del Fuego, el oficialismo pretendía derogar el artículo 22 quater, que impide, durante 30 años, el cambio de uso de la tierra quemada por un incendio (ya sea provocado o accidental) en zonas agropecuarias, praderas, pastizales y matorrales. Con esa modificación, solo se mantenía la protección total para bosques nativos.
Los votos clave con los que Bullrich no pudo contar para aprobar esos cambios fueron los de Edith Terenzi, de Chubut (una provincia devastada por los incendios) y el radical bonaerense Maximiliano Abad. Ambos votaron a favor del proyecto en general pero no acompañaban el capítulo del Fuego. Tampoco la cordobesa Alejandra Vigo, quien rechazó toda la iniciativa, muy molesta por el formato ómnibus y por la desprolijidad con la que se manejó la negociación (el texto llegó a tener 17 versiones).
No solo hubo desgaste por las idas y vueltas. Entre los aliados no cayeron bien las palabras del libertario Joaquín Benegas Lynch, quien en su discurso criticó a “los tibios del medio” que no acompañaron la libre venta de tierras a extranjeros. Vigo sostuvo que el entrerriano debía abstenerse de votar (se supo que es socio de una empresa que gestiona la venta de tierras) y el santacruceño José Carambia le reclamó que se retracte.
El proyecto pasó ahora a la Cámara de Diputados, donde será complejo para el oficialismo conseguir los votos. Además, no se prevé un tratamiento inmediato. La prioridad de Martín Menem es avanzar primero con la agenda económica: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y el proyecto de Inocencia Fiscal, dos temas que comenzaron a tratarse esta semana en comisiones.
Media sanción con sabor amargo
A nivel general, La Libertad Avanza contó con ayuda del PRO, la UCR y los provinciales Despierta Chubut (Terenzi), Encuentro Misionero (Carlos Arce), Movimiento por Misiones (Sonia Rojas Decut), además del correntino Carlos Espínola (Unidad Federal). Los rechazos fueron del PJ, Convicción Federal (peronismo no K), Independencia (Tucumán), Primero los Salteños, La Neuquinidad, Moveré Santa Cruz y la cordobesa Vigo.
La schiarettista fue muy crítica: habló de “una ley falta de federalismo y absolutamente innecesaria”. También se refirió a la iniciativa como un “caballo de Troya” que incluyó “todos temas inconexos”, y se molestó por la cantidad de redacciones distintas que tuvo: “Es un verdadero mamarracho”. Votó en contra de todo el articulado.
Entre los capítulos que quedaron, el que endureció los requisitos para las expropiaciones obtuvo 37 votos a favor y 33 en contra. El que agilizó los desalojos, 36 afirmativos, 33 negativos y 1 abstención. Y el que modificó el Registro de Propiedad del Inmueble, 37 votos positivos y 33 negativos.
“Este proyecto no es estrictamente el que ha ingresado a esta Cámara”, admitió al inicio del debate el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto.
Sin embargo, intentó resaltar lo que en ese momento quedaba en pie: “El espíritu original, la voluntad de desburocratizar, simplificar, agilizar, que quien es dueño de un bien no se lo castigue, que quien sufre un incendio no tenga un doble castigo, que un propietario que recibe un okupa pueda hacerse de su inmueble de forma más eficiente y rápida… todo eso está en el espíritu del artículo 17 de la Constitución: que no sea violada la propiedad privada”.
El peronista José Mayans sostuvo lo contrario: “Le mienten descaradamente al pueblo argentino. Esto es todo lo contrario a la inviolabilidad de la propiedad privada. Está hecho para las élites y perjudica al pueblo. No lo podemos tratar con esta liviandad. No vengan a hablar con eufemismos. La Plaza (de los dos Congresos) está llena para decirle al Poder Ejecutivo que están cansados de sus mentiras”.
De entrada, Mayans hizo un intento de voltear la ley y propuso devolverla a comisión. “No se puede tratar una ley con semejante grado de irresponsabilidad”, se quejó el líder de la bancada peronista, ofuscado por las idas y vueltas que sufrió el texto. Pero fracasó: su moción recibió 38 votos negativos y 31 positivos.
Votos (y no votos)
Entre los votos favorables estuvo el del libertario Benegas Lynch, quien había quedado en el ojo de la tormenta tras conocerse que es socio de la empresa Glocal Terra S.R.L., dedicada a gestionar y asesorar sobre la venta de tierras rurales. La kirchnerista Juliana Di Tullio había presentado una impugnación (que no prosperó) para que el legislador se abstuviera de votar.
Benegas Lynch hizo su descargo en redes sociales y en el recinto, tras admitir que es socio fundador y mayoritario de la compañía desde hace seis años y que consta en su declaración jurada. “Mi empresa es parte del sector. Un beneficio general no es un privilegio particular: no hay en esta ley una sola línea escrita para mi empresa, ni un permiso que yo obtenga y otro no”, respondió.
Quien finalmente no pudo votar (e iba a hacerlo en contra) fue la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti. En otro caso que dividió aguas, la mendocina había solicitado participar de manera virtual porque cursa un embarazo avanzado y de riesgo, y está impedida de viajar a Buenos Aires. Victoria Villarruel autorizó su voto remoto, pero debía aprobarlo el pleno. Bullrich se oponía y enfrentó a la vicepresidenta.
Tras la polémica, la exministra logró un acuerdo con aliados e incluso con el kirchnerismo para no votar su pedido y enviarlo a comisión. Los propios colegas de bloque de Sagasti entendieron que habilitar el voto virtual abría la puerta a que a futuro, argumentando fuerza mayor, algunos senadores evitaran “poner la cara” en sesiones complicadas. O bien le facilitaba a La Libertad Avanza reunir el quórum con una simple conexión virtual.
La misma suerte que Sagasti corrió el senador radical por Catamarca Flavio Fama, quien había pedido el mismo tratamiento por motivos de salud y también iba a votar negativamente.
Lo que fue aprobado
Sin los cambios en Tierras, Manejo del Fuego y Barrios Populares, uno de los capítulos que sí se aprobó busca agilizar los juicios de desalojo, al tramitarse por el procedimiento sumarísimo. Permite iniciar desalojos contra inquilinos, ocupantes precarios, intrusos y cualquier ocupante que deba devolver el inmueble.
Uno de los puntos sensibles es el de desalojo de inquilinos por falta de pago. En estos casos, el propietario deberá intimar fehacientemente al inquilino para que pague la deuda en un plazo de 10 días corridos desde que recibe la intimación. Si incumple el plazo, el propietario puede iniciar la acción judicial de desalojo.
Si viven en el inmueble menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores desamparados, el juez debe dar intervención a los organismos de protección y otorgar hasta 10 días para conseguir un hogar transitorio. El proceso de desalojo igualmente continúa.
El proyecto también busca restringir la expropiación de empresas. La utilidad pública que justifica una expropiación deberá interpretarse de manera “restrictiva”, identificar concretamente el objetivo, y demostrar que la expropiación es necesaria y proporcional.
La indemnización debe cubrir el valor objetivo o de mercado del bien, y los daños directos provocados por la expropiación. El valor del bien debe calcularse tomando como referencia el momento anterior a cualquier anuncio o acto oficial relacionado con la expropiación.
Además, la indemnización debe actualizarse por inflación (IPC) más intereses hasta el pago efectivo. Y se incorpora el lucro cesante como parte de la indemnización cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación.