Carolina Ramos
Tras retirar el capítulo de extranjerización de tierras ante la creciente presión social y el retroceso de los aliados, La Libertad Avanza busca aprobar este jueves en el Senado el resto del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que habilita desalojos exprés, dificulta que el Estado pueda expropiar empresas y da marcha atrás con la ley que prohibía el cambio de uso de tierras incendiadas.
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Al cierre de esta nota, el proyecto contaba con alrededor de 38 votos positivos: un número ajustado pero suficiente. Por Córdoba acompañaban Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero, mientras que la peronista Alejandra Vigo se encaminaba al rechazo. Al momento de votar por capítulos, había distintos grados de apoyo; el más flojo de votos era el relacionado con la Ley de Manejo del Fuego.
A nivel general, La Libertad Avanza contaba con la ayuda del PRO, la UCR, y los bloques La Neuquinidad, Independencia (Tucumán), Despierta Chubut, Encuentro Misionero y Movimiento por Misiones. Se sumaba el correntino Carlos Espínola (Unidad Federal). Los rechazos eran del PJ, Convicción Federal (peronismo no K), Primero los Salteños, Moveré Santa Cruz y la cordobesa Vigo.
De entrada, José Mayans, hizo un último intento de voltear la ley y propuso devolverla a comisión. “No se puede tratar una ley con semejante grado de irresponsabilidad”, se quejó el líder de la bancada peronista, ofuscado por las idas y vueltas que sufrió el texto. Pero fracasó: su moción recibió 38 votos negativos y 31 positivos. Los 38 rechazos dieron la pauta de que La Libertad Avanza tendría, más tarde, los votos para la media sanción.
El tratamiento de esta iniciativa del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue accidentado, desgastante y traumático para La Libertad Avanza. En un trabado intercambio con los bloques dialoguistas, el texto llegó este jueves a su versión número 17. En el camino perdió dos capítulos enteros: el de flexibilización de la Ley de Tierras y otro que descentralizaba el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares).
El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, anunció formalmente la marcha atrás con la liberación de la venta de tierras y defendió los puntos que quedaron en pie. “Este proyecto no es estrictamente el que ha ingresado a esta Cámara. Se trabajó en comisiones, donde la gran mayoría de los invitados no estuvieron de acuerdo. Es el fruto del trabajo de legisladores que llevaron a dictaminar y a hacer las modificaciones”, dijo.
Y agregó: “El espíritu original, la voluntad de desburocratizar, simplificar, agilizar, que quien es dueño de un bien no se lo castigue, que quien sufre un incendio no tenga un doble castigo, que un propietario que recibe un okupa pueda hacerse de su inmueble de forma más eficiente y rápida… todo eso está en el espíritu del artículo 17 de la Constitución: que no sea violada la propiedad privada”.
El justicialista Mayans sostuvo lo contrario: “Le mienten descaradamente al pueblo argentino. Esto es todo lo contrario a la inviolabilidad de la propiedad privada. Está hecho para las élites y perjudica al pueblo. No lo podemos tratar con esta liviandad. No vengan a hablar con eufemismos. La Plaza (de los dos Congresos) está llena para decirle al Poder Ejecutivo que están cansados de sus mentiras”.
El proyecto pasó ahora a la Cámara de Diputados, donde no se prevé un tratamiento inmediato. La prioridad de Martín Menem es avanzar primero con la agenda económica: la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y el proyecto de Inocencia Fiscal, dos temas que comenzaron a tratarse esta semana en comisiones.
Votos (y no votos)
Entre los votos favorables estaba el del senador libertario Joaquín Benegas Lynch (Entre Ríos), quien había quedado en el ojo de la tormenta tras conocerse que es socio de la empresa Glocal Terra S.R.L., dedicada a gestionar y asesorar sobre la venta de tierras rurales. La kirchnerista Juliana Di Tullio había presentado una impugnación (que no prosperó) para que el legislador se abstuviera de votar.
Benegas Lynch hizo su descargo en redes sociales y en el recinto, tras admitir que es socio fundador y mayoritario de la compañía desde hace seis años y que consta en su declaración jurada. “Mi empresa es parte del sector. Un beneficio general no es un privilegio particular: no hay en esta ley una sola línea escrita para mi empresa, ni un permiso que yo obtenga y otro no”, respondió.
Quien finalmente no pudo votar (e iba a hacerlo en contra) fue la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti. En otro caso que dividió aguas, la mendocina había solicitado participar de manera virtual porque cursa un embarazo avanzado y de riesgo, y está impedida de viajar a Buenos Aires. Victoria Villarruel autorizó su voto remoto, pero debía aprobarlo el pleno. Bullrich se oponía y enfrentó a la vicepresidenta.
Tras la polémica, la exministra logró un acuerdo con aliados e incluso con el kirchnerismo para no votar su pedido y enviarlo a comisión. Los propios colegas de bloque de Sagasti entendieron que habilitar el voto virtual abría la puerta a que a futuro, argumentando fuerza mayor, algunos senadores evitaran “poner la cara” en sesiones complicadas. O bien le facilitaba a La Libertad Avanza reunir el quórum con una simple conexión virtual.
La misma suerte que Sagasti corrió el senador radical por Catamarca Flavio Fama, quien había pedido el mismo tratamiento por motivos de salud y también iba a votar negativamente.
Los ejes del proyecto aprobado
En primer lugar, el proyecto busca agilizar los juicios de desalojo, al tramitarse por el procedimiento sumarísimo. Permite iniciar desalojos contra inquilinos, ocupantes precarios, intrusos y cualquier ocupante que deba devolver el inmueble.
Uno de los puntos sensibles es el de desalojo de inquilinos por falta de pago. En estos casos, el propietario deberá intimar fehacientemente al inquilino para que pague la deuda en un plazo de 10 días corridos desde que recibe la intimación. Si incumple el plazo, el propietario puede iniciar la acción judicial de desalojo.
Si viven en el inmueble menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores desamparados, el juez debe dar intervención a los organismos de protección y otorgar hasta 10 días para conseguir un hogar transitorio. El proceso de desalojo igualmente continúa.
En cuanto a la Ley de Manejo del Fuego ideada por Máximo Kirchner, se deroga el artículo 22 quater, que impedía, durante 30 años, el cambio de uso de la tierra quemada por un incendio (ya sea provocado o accidental) en zonas agropecuarias, praderas, pastizales y matorrales. Solo se mantiene la protección total para bosques nativos.
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En los anteriores tipos de terrenos, se termina con la prohibición de realizar emprendimientos inmobiliarios; de emprender cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso previo al incendio; y de modificar el suelo para desarrollar prácticas agropecuarias intensivas.
El proyecto también busca restringir la expropiación de empresas. La utilidad pública que justifica una expropiación deberá interpretarse de manera “restrictiva”, identificar concretamente el objetivo, y demostrar que la expropiación es necesaria y proporcional.
La indemnización debe cubrir el valor objetivo o de mercado del bien, y los daños directos provocados por la expropiación. El valor del bien debe calcularse tomando como referencia el momento anterior a cualquier anuncio o acto oficial relacionado con la expropiación.
Además, la indemnización debe actualizarse por inflación (IPC) más intereses hasta el pago efectivo. Y se incorpora el lucro cesante como parte de la indemnización cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación.