Carolina Ramos
El gobierno de Javier Milei empezó a salir a flote en el Congreso después del traspié de la semana pasada con la ley de propiedad privada. Los proyectos de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA) y de Inocencia Fiscal II recibieron este miércoles dictamen de comisiones con apoyo de bloques aliados. La Libertad Avanza apunta a votarlos el próximo 26 de agosto en la Cámara de Diputados.
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El proyecto del BCRA, del que Milei hace bandera, le prohíbe a la entidad monetaria financiar el déficit con todo tipo de emisión y le devuelve la misión única de preservar el valor de la moneda. Avanzó con retoques menores en un caldeado plenario de Presupuesto y Finanzas, donde cosechó 42 firmas de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y algunos provinciales.
En medio de gritos y golpes de puño a la mesa, el kirchnerismo vació la reunión. Los diputados de Unión por la Patria denunciaron que el oficialismo llevó a exponer a economistas afines a Milei y con fuerte presencia mediática, como Miguel Boggiano y Ramiro Castiñeira, con la idea de confrontar en lugar de abrir un debate “serio”.
“Parecen sacados del streaming Carajo. Nos traen a cuatro amigos del Gobierno, que no sabemos en calidad de qué vienen a hablar del proyecto”, denunció el economista K Itai Hagman.
Hasta el PRO, principal aliado del Gobierno, quedó descolocado con la exposición de Boggiano, quien mencionó al gobierno de Mauricio Macri entre los que “utilizaron al Banco Central para estafar sistemáticamente a la sociedad argentina hasta destruir por completo el valor de su moneda nacional”. Ofendido, el diputado Fernando De Andreis lo acusó de decir “burradas”.
Otros aliados también se mostraron incómodos con la puesta en escena libertaria. “Trajeron a dos pelotudos fanáticos que ponen en riesgo la firma del dictamen”, se quejó Eduardo Falcone (MID), quien se fue de la reunión sin firmar. En la UCR también consideraron “innecesario” el montaje con los economistas.
Al final, el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, tuvo que salir a apagar el incendio. “Les pedimos disculpas. No compartimos las opiniones vertidas. Valoramos mucho el apoyo del PRO, la UCR y el MID”, dijo el cordobés, compungido.
Pese a todo, los aliados (salvo el MID) acompañaron la reforma. “Nuestro apoyo no está condicionado a cómo nos tratan”, dijo la diputada y economista macrista Daiana Fernández Molero. La UCR, por su parte, logró incorporar un agregado orientado a permitir que el efectivo que tienen los bancos en sus tesoros pueda ser usado como encaje.
El proyecto no sufrió cambios en uno de sus puntos más sensibles: la remoción del directorio. Con el objetivo de preservar la autonomía del BCRA, el texto de Milei exige, para desplazar a un director, una mayoría de dos tercios en ambas Cámaras del Congreso. Con ese cambio bajo el brazo, el Gobierno busca ratificar a Santiago Bausili como presidente y “blindarlo” en el cargo a futuro.
Inocencia Fiscal: funcionarios afuera
Horas antes, en otro plenario de Presupuesto y Legislación Penal, el oficialismo logró dictaminar el nuevo régimen de Inocencia Fiscal, con un cambio relevante a pedido del PRO y la UCR: los funcionarios públicos no podrán exteriorizar sus “dólares bajo el colchón” ni fondos no declarados. Sólo podrán adherir al Régimen Simplificado de Ganancias.
El proyecto original del ministro de Economía, Luis Caputo, contemplaba la posibilidad de que los funcionarios pudieran acogerse a los beneficios del régimen (que ya está vigente), pero los aliados exigieron excluirlos y el oficialismo tuvo que ceder.
Se trata de un coletazo directo del caso de Manuel Adorni. Meses atrás, cuando todavía era jefe de Gabinete, él y su esposa, Bettina Angeletti, pidieron incorporarse al Régimen Simplificado de Ganancias (paso previo para acceder al “blanqueo” de la Ley de Inocencia Fiscal). La adhesión generó polémica porque Adorni ya estaba siendo investigado por la Justicia.
En la nueva versión de Inocencia Fiscal, la exclusión abarcará a todas las personas que ejerzan o hayan ejercido cargos de alta responsabilidad pública dentro de los últimos cinco años anteriores a la fecha de adhesión y hacia adelante. No obstante, sí podrían acogerse al régimen los familiares de los funcionarios.
Los excluidos serán funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo con jerarquía igual o superior a secretario de Estado en los ámbitos nacional, provincial y municipal; legisladores nacionales, provinciales, concejales y parlamentarios del Mercosur; y magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público en todas las jurisdicciones. También miembros del Consejo de la Magistratura, entre otros.
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“Los funcionarios no entran en este régimen. La exclusión alcanza a quienes en los últimos cinco años tuvieron cargos en la función pública y en adelante. No hay margen para especulaciones: la transparencia de la función pública es un pilar innegociable”, enfatizó la cordobesa Laura Rodríguez Machado, presidenta de Legislación Penal.
Con este cambio, el dictamen consiguió 44 firmas en las comisiones de Presupuesto y de Legislación Penal. Además del conjunto liderado por Gabriel Bornoroni, suscribieron el macrismo, el radicalismo, el MID y bloques aliados de Tucumán y Misiones. Provincias Unidas sólo aportó la firma (en disidencia) de su presidenta, la santafesina Gisela Scaglia. Los cordobeses al mando de Martín Llaryora no acompañaron.