Carolina Ramos
En un clima que se recalentó en los últimos días por la disparada del dólar, las negociaciones para un salvataje por parte de Estados Unidos y la eliminación de las retenciones agropecuarias para fortalecer las divisas, se larga la pulseada por el Presupuesto 2026. La comisión que preside José Luis Espert (La Libertad Avanza) se reunirá este miércoles a las 13 para consensuar un esquema de trabajo y las citaciones a funcionarios.
Los delegados del Gobierno para defender el Presupuesto, en primer término, serían los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman, y de Finanzas, Pablo Quirno, aunque la oposición reclama con énfasis la presencia del ministro de Economía, Luis Caputo, muy adepto a conceder entrevistas a medios afines pero renuente a hablar ante el Congreso. De hecho, en lo que va esta gestión, no asistió nunca.
El proyecto de Presupuesto ya recibió las primeras críticas por parte de la oposición, donde advierten sobre una profundización del ajuste y una proyección poco creíble de las variables macroeconómicas. Fundamentalmente, sospechan que no se cumplirá la pauta del crecimiento del 5% ni tampoco el dólar a $1.423, valor más barato que el actual.
Al desglosar las partidas, vuelve la preocupación por las jubilaciones: el texto del Poder Ejecutivo mantiene sin cambios la actualización de los haberes por la fórmula de movilidad (mensual por IPC) y tampoco prevé aumentos en el bono, que sigue congelado desde marzo de 2024 en $70.000.
La inversión en educación tampoco es la esperada. En un intento de frenar el rechazo al veto universitario la semana pasada, Milei anunció en cadena nacional que aumentarían las partidas en ese rubro, pero el artículo 30 del proyecto que minutos después envió al Congreso va en sentido contrario.
El texto deroga el artículo 9 de la Ley 26.206 de Educación Nacional, que establece un piso del 6% del PBI en inversión educativa; deroga los artículos 5, 6 y 7 de la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (son fondos que también calzan sobre universidades); y deroga el artículo 52 de la Ley 26.058 de Financiamiento de la Educación Técnico Profesional.
En otro orden, el presidente prometió un refuerzo en el área de Capital Humano, pero el artículo 73 del Presupuesto elimina la actualización automática de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares que cobran los hijos de los trabajadores en relación de dependencia y de los monotributistas. Actualmente se ajustan por la movilidad jubilatoria, que toma el índice de inflación.
Por otra parte, están en peligro los descuentos en la tarifa residencial de gas para algunas de las llamadas “zonas frías”. El artículo 72 borra del régimen a las localidades que se agregaron en 2021 por ley (en Córdoba, Buenos Aires y Mendoza, entre otras) y retrotrae el beneficio únicamente a la Patagonia, la Puna y Malargüe, en Mendoza.
También promete reinstalarse el clásico reclamo por las cajas previsionales. Para todo el ejercicio 2026, el Gobierno asigna $122.763 millones para cubrir el déficit de las cajas no transferidas a la Nación. Hay dos problemas: se destina una partida global para todas las provincias (sin discriminar cuánto le toca a cada una) y el monto, dicen, es insuficiente. En Córdoba calculan que la deuda acumulada con la provincia es de $1 billón.
DNU y coimas
La semana que comienza también promete ser complicada para el Gobierno en otros frentes. Este martes, se reunirán las comisiones que fueron emplazadas en la última sesión a instancias de la oposición, por dos temas clave. Por un lado, se empezará a debatir la reforma de la Ley de DNU aprobada en el Senado, con el objetivo de dictaminar el próximo martes 30.
La iniciativa preocupa sobremanera al gobierno de Milei (que planea vetarla) porque establece que si el Congreso no aprueba los Decretos de Necesidad y Urgencia en un plazo de 90 días, caen. También exige que los decretos sean aprobados por ambas cámaras, en lugar de una. Un combo letal para una gestión con debilidad parlamentaria.
También se tratarán y dictaminarán los proyectos para interpelar en el recinto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, por el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En su paso por Córdoba, Milei defendió a su hermana y sostuvo que los audios fueron hechos mediante inteligencia artificial.
La causa tomó otro color en los últimos días con la declaración del comunicador digital Fernando Cerimedo, quien dijo a la Justicia que el extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, le aseguró que le había comentado sobre las supuestas coimas tanto a Javier Milei como a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Tanto el caso de las coimas como la reforma de la Ley de DNU formarían parte de una sesión prevista, en principio, para el 1° de octubre. También se trataría ese día el veto al reparto de ATN (Aportes del Tesoro Nacional), que ya fue rechazado en el Senado. En ese caso, la oposición deberá trabajar duro para lograr los dos tercios, que no consiguió en la primera votación.