Asoma un nuevo frente de tormenta para el Gobierno en el Congreso por el rechazo cada vez más enérgico de la oposición al DNU 656/24, por el cual se otorgó a la nueva SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) un presupuesto de $100.000 millones para gastos reservados, lo que implica un aumento de más del 700% desde que asumió el presidente Javier Milei.
La Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal presentaron los primeros proyectos de resolución para dejar sin efecto el decreto, mientras que Unión por la Patria no impulsó iniciativas pero, en coincidencia con el bloque de Miguel Pichetto, presiona para abrir el debate en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que el senador oficialista Juan Carlos Pagotto mantiene paralizada desde finales de abril.
“La idea es avanzar con el tema en la bicameral”, confirmaron en Hacemos. Creen que será “difícil” reunir mayoría en la comisión, pero sí están más confiados en juntar los votos en los recintos. Para voltear un DNU, cabe recordar que es necesario el rechazo de ambas cámaras.
De los 16 integrantes de la bicameral, hay tres de La Libertad Avanza, dos del PRO, dos de la UCR, seis de Unión por la Patria, uno de Hacemos, uno del MID y uno de Unidad Federal. Solo el kirchnerismo y Hacemos, que tiene en la comisión al diputado Nicolás Massot, se expresaron contundentemente en contra del DNU.
Massot acompañó un proyecto de su par Margarita Stolbizer, una de las voces más críticas al Gobierno dentro de Hacemos, para rechazar y declarar la nulidad del polémico decreto. “Se trata de fondos reservados, o sea, gastarán eso quién sabe quién y en qué. Nada bueno seguro, y menos sin información ni control”, advirtió la diputada.
Además, tildó de “inmoral” la medida porque “los costos los siguen pagando jubilados y trabajadores para que otros sigan de fiesta con la plata del Estado”, y en ese sentido reclamó que también haya “reacción social para frenar esta locura”.
Unión por la Patria no presentó proyecto: apuesta al trámite en la Bicameral de DNU. El jefe del bloque de diputados, Germán Martínez, llamó a anular no solo el decreto de los fondos reservados, sino también el DNU 614/24 que modificó el organigrama de inteligencia disolviendo la AFI y reinstaurando la SIDE.
Con el nuevo esquema, la SIDE ya tiene bajo su órbita cuatro agencias: el Servicio de Inteligencia Argentino, la Agencia de Seguridad Nacional, la Agencia Federal de Ciberseguridad y la División de Asuntos Internos. En el decreto, el Poder Ejecutivo habló de “dotar de una mayor funcionalidad” a la secretaría, donde ganó poder el principal asesor presidencial, Santiago Caputo.
“Parece que plata para eso, hay”
“Nuestro bloque tiene que trabajar para rechazar estos dos DNU”, enfatizó Martínez, y recordó que en el Gobierno anterior, “los gastos reservados eran el 4% de los recursos totales de la AFI”, mientras que con esta decisión representan “el 75%”.
Asimismo, en una postura en la que coincide Stolbizer, se quejó de que el Gobierno avance por decreto en lugar de enviar un proyecto al Congreso. “Los temas vinculados a la inteligencia nacional requieren debate, consenso y control parlamentario en tiempo real”, consideró el líder de Unión por la Patria.
En igual sentido, el proyecto de los “lilitos”, encabezado por Maximiliano Ferraro, busca declarar “nulo de nulidad absoluta e insanable” el DNU.
“No hay motivos que justifiquen esa decisión: si pretenden fortalecer las funciones de la nueva secretaría, pueden hacerlo de manera transparente y no aumentando un 3.131% los gastos secretos y discrecionales que dieron origen a las más oscuras operaciones de inteligencia, impunidad y corrupción desde el retorno de la democracia: Telleldín en AMIA, las coimas en el Senado, los sobresueldos de Menem y Cavallo, las operaciones de Milani, entre muchas otras”, recordó Ferraro.
La presión opositora se completa con una nota del senador radical Pablo Blanco al oficialista Pagotto, titular de la Bicameral de DNU, para exigirle el “urgente” tratamiento del decreto. “Este tipo de asignación no puede hacerse sin aprobación previa del Congreso”, cuestionó, y agregó que “luce a las claras que la intención es hacerse de una inadmisible cantidad de dinero sin control ninguno”.
El representante de la UCR por Diputados, Francisco Monti, bajó el tono y adelantó que pedirán tratar todos los DNU pendientes, no solo los de inteligencia. También aclaró que su bloque, que suele estar cruzado por las diferencias, no tiene una postura definida sobre el tema.
La vicejefa de la bancada, Karina Banfi, salió con los tapones de punta. “Los fondos de inteligencia son los más sensibles para una democracia. Parece que plata para eso, hay. Lo que no hay son las reformas para la rendición de cuentas ante el Congreso y para la ciudadanía. La Ley 27.275 lo exige y lo pidió la Corte Interamericana de DDHH por AMIA”, remarcó.
La polémica se ve agravada porque sigue sin constituirse la comisión bicameral que está facultades para controlar los gastos reservados del servicio de inteligencia. Aunque ya están designados todos los miembros, hay una fuerte pelea por la presidencia: mientras que La Libertad Avanza nomina al senador entrerriano Edgardo Kueider (Unidad Federal) como devolución a su apoyo a la Ley Bases, el PRO también aspira a ese lugar y postula al misionero Martín Goerling.
Por el Senado, integrarán el cuerpo Martín Lousteau (UCR); Edith Terenzi (Cambio Federal); los kirchneristas Eduardo “Wado” De Pedro, Oscar Parrilli y Florencia López; Kueider y Goerling. Y por Diputados, los libertarios Gabriel Bornoroni y César Treffinger; Cristian Ritondo por el PRO; Mariela Coletta por la UCR; y Germán Martínez, Leopoldo Moreau y Paula Penacca por Unión por la Patria. Martínez y Penacca ocuparon el lugar “de urgencia” y podrían cambiar.
