Por el juicio a la obra pública, la Oficina Anticorrupción decidió retirar sus acusaciones contra Cristina Kirchner

Este martes, la Oficina Anticorrupción anunció que no decidirá acusar a Cristina Kirchner en el juicio por la obra pública. Esta decisión se viene a dar un mes antes de que comiencen los alegatos.

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De esta manera, este organismo que depende del Poder Ejecutivo tomó la decisión de renunciar a su función como querellante en la causa, desestimando la posibilidad de acusar a la vicepresidenta de la Nación respecto del direccionamiento de los contratos en favor del empresario Lázaro Báez, con el fin de adjudicarle la mayor cantidad de concesiones públicas, durante su gestión como presidenta.

“No habiendo prueba propuesta por la representación de este organismo pendiente de producción, se solicita que se aparte a esta Oficina Anticorrupción del rol de querellante”, esto es lo que señala la nota que se envió al Tribunal Oral Federal 2.

Cabe recordar que esta misma Oficina inició la querella contra Cristina Kirchner en el 2016 y que el juicio comenzó en mayo de 2019, presentándose ya 13 acusados, entre ellos la vicepresidenta, quien fue procesada como jefa de una asociación ilícita que habría defraudado al Estado Nacional, tras favorecer a la constructora Austral, de Lázaro Báez.

Asimismo, y según la investigación, este empresario se habría beneficiado con 51 licitaciones a las obras públicas para construcción de caminos en la provincia de Santa Cruz, por un valor cercano a los $46.000 millones.

Los otros procesados en la causa fueron Julio De Vido (exministro de Planificación Federal), Carlos Kirchner (primo fallecido del expresidente Néstor Kirchner) y José López (exsecretario de Obras Públicas).

Las especulaciones que se hacen al respecto de la causa, evidenciarían que para antes de fin de año se pueda dar una sentencia firme. Mientras tanto, el fiscal del proceso, Diego Luciani, estaría convencido en pedir una condena. En caso de darse esto último, podría caerle a Cristina Kirchner una pena de entre 5 a 16 años de prisión.

Sin embargo, la única querella estatal que todavía forma parte de la causa es la Unidad de Información Financiera (UIF).