Carolina Ramos
Luego de que el Gobierno nacional admitiera que desvió fondos que deben destinarse a rutas nacionales para alimentar el equilibrio fiscal, diputados de la oposición dura y dialoguista exigen explicaciones oficiales y se preparan para colar el tema en el debate del Presupuesto 2027, que ingresará dentro de un mes a la Cámara Baja. El tema revivió la indignación en las provincias y vuelve a estar en discusión el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).
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Una investigación periodística del diario La Nación puso en números lo que ya sabían en las provincias: en los dos años y medio que lleva la gestión de Javier Milei, el Sisvial (Sistema Vial Integrado), un subsistema del fideicomiso financiado con el ICL, recaudó $ 1,5 billones, de los cuales solo se ejecutaron $394.406 millones (el 26,2%) en obra vial. Esto arroja una tasa de subejecución acumulada del 73,8%.
“Parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía como parte de lograr el equilibrio fiscal de una situación muy compleja que heredamos”, reconoció días atrás el vocero presidencial Adrián Ravier.
El “sincericidio” de Ravier hizo reaccionar a la oposición. El bloque Provincias Unidas presentó este jueves un puntilloso pedido de informes sobre el manejo de los fondos del Sisvial desde enero de 2024. El proyecto fue encabezado por la exvicegobernadora de Santa Fe Gisela Scaglia y lo acompañaron, entre otros, los peronistas cordobeses Ignacio García Aresca (mano derecha del gobernador Martín Llaryora), Alejandra Torres y Carolina Basualdo.
Puntualmente, requieren que el Ejecutivo informe cuánto dinero ingresó al fideicomiso, cuánto debía destinarse a obras viales, cuánto se ejecutó efectivamente, dónde se encuentran hoy los recursos no utilizados y qué obras fueron realizadas con esos fondos. También solicita conocer qué organismos controlaron su administración y bajo qué normativa se tomaron esas decisiones.
Unión por la Patria avanzó un paso más y pidió directamente la interpelación del ministro de Economía, Luis Caputo (quien nunca fue al Congreso cuando se lo convocó), junto con el responsable de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy. El proyecto fue presentado por la massista Marian Salzmann y acompañado por el jefe de la bancada, Germán Martínez.
En paralelo, el kirchnerismo convocó a debatir el tema el próximo martes 18 en la Comisión de Obras Públicas, que preside el kirchnerista mendocino Martín Aveiro, autor de otro pedido de informes al Ejecutivo. “Ya sabíamos lo que pasaba con los fondos viales, lo que no teníamos (porque no nos contestaban) era el dato real”, dijo a VÍA PAÍS.
Aveiro convocó a intendentes y ministros de Obras Públicas de todo el país (se espera que concurra, entre otros, el bonaerense Gabriel Katopodis) para que expongan la situación. También se invitó a representantes de la Fundación Estrellas Amarillas, que nuclea a familiares de víctimas de siniestros viales. En cambio, hay menos expectativa con que asistan desde Vialidad Nacional.
El reclamo además promete colarse en el debate de la ley de Presupuesto 2027, que Milei debe enviar el próximo 15 de septiembre. Scaglia afirmó a La Voz que “ya que se va a discutir el Presupuesto, tenemos una oportunidad de debatir qué se va a hacer en el próximo año con los impuestos que tienen una asignación directa como el del Combustible”. Sin embargo, la discusión no es nueva: en 2025, la oposición quedó muy cerca de sancionar una ley al respecto.
Antecedente fallido
Hace un año, los 24 gobernadores lograron algo inédito: impulsaron en conjunto una ley para eliminar los fideicomisos que se alimentan del ICL (como el Sisvial) y distribuir entre las provincias lo recaudado por el impuesto. El proyecto se aprobó en el Senado con una amplia mayoría (56 votos positivos), pero fracasó en Diputados por solo tres votos (no alcanzó la mayoría absoluta que exigía el oficialismo por tratarse de un tributo).
Lo paradójico es que la ley naufragó porque algunos de los gobernadores que la habían impulsado se “bajaron” a último momento, al ordenarle a sus diputados que se ausentaran en la votación. Los responsables fueron Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Carlos Salir (Jujuy), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Leandro Zdero (Chaco). Por el contrario, tanto Llaryora como Pullaro fueron de los que sostuvieron el reclamo hasta el final.
“Para los gobiernos provinciales, el tema es muy importante. Todo lo que nosotros transferimos en Impuesto al Combustible significa dos cosas: subsidio al transporte y arreglo de rutas. Pero las rutas están detonadas y la plata está puesta en otro lugar, sin ningún tipo de inversión en dos años y medio”, se quejó Scaglia, diputada que suele acompañar a La Libertad Avanza en las votaciones.
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En diálogo con VÍA PAÍS, la jefa del bloque Provincias Unidas planteó que, como los fondos viales no impactan en las provincias, “hay dos caminos: o el ICL vuelve a tener esa asignación directa y empezamos a pensar cómo es el esquema de asignación de esos fondos para cada provincia; o, si no va para lo que fue creado, directamente hay que eliminarlo”.
En medio de la discusión, Santa Fe logró días atrás un fallo alentador: la Justicia Federal de Venado Tuerto ordenó al Gobierno nacional que repare de manera inmediata e integral las rutas nacionales 7, 8 y 33, en el departamento General López, al sur de la provincia. “La plata para arreglar las rutas está. Lo que falta es la decisión de usarla para lo que fue recaudada a través de impuestos”, remarcó el intendente de Venado Tuerto y titular de la UCR nacional, Leonel Chiarella.