Este miércoles a las 11 hs, el jefe de gabinete, Nicolás Posse, funcionario clave del Gobierno libertario, llegó al Senado para defender ante los senadores la gestión de Javier Milei.
La Cámara Alta interrumpió por un día la discusión de la “ley Bases” para escuchar a Posse, quien en los meses que lleva al frente del gabinete, no ha tenido pronunciamientos ante la prensa y ha cultivado un perfil bajo, pese a la importancia de su cargo.
Posse y Javier Milei se conocen desde que compartieron tareas en la Corporación América. En entrevistas, el presidente lo encuadró como un colaborador tan confiable como su hermana Karina Milei y el asesor Santiago Caputo.
La presentación de Posse ante los senadores se encuadra en una mandamiento constitucional, que indica que el jefe de gabinete debe presentarse una vez por mes, de manera alternada, en Diputados y en el Senado. Sin cumplir el rigor establecido en la Constitución, Posse hablará por primera vez ante el Congreso. El jefe de gabinete abrirá con una exposición de entre 40 y 50 minutos, para después dar lugar a preguntas. La audiencia se cierra con discursos a cargo de los jefes de bloque.
La gravitación de Posse en el Gobierno se ha reflejado en las discusiones parlamentarias de la Ley Bases: el vicejefe de gabinete, José Rolandi, es la principal voz del Ejecutivo en la defensa de la letra del proyecto ante los legisladores.
Cuáles serán los puntos centrales de la exposición
Este martes, en la víspera de su presentación, Posse difundió un documento de 1.139 páginas con 1.286 preguntas -con sus respectivas respuestas- formuladas con anticipación por los senadores.
Las preguntas anticipadas de los senadores recorren temas económicos, fiscales, educativos y sociales, hasta requerimientos puntuales cómo el salario del presidente. Al respecto se informó que Milei cobró en marzo pasado $ 4.066.018 millones y un ministro, $3.584.006.
El informe de jefatura de Gabinete también respondió que las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) “al 30 de abril de 2024 ascienden a USD 27.578 millones” y que “la suba de las reservas internacionales netas desde el 10 de diciembre de 2024, fue de USD 10.336 millones, subiendo desde un stock negativo de USD 11.200 millones a un stock negativo de USD 864 millones al 30 de abril de 2024″.
Además dejó una definición política: se afirma que “el Ministerio de Economía especifica que la dolarización de la economía no está en la agenda económica”.
Sobre Aerolíneas Argentinas se informa que “al momento, no existe previsión de cerrar otra ruta internacional ni rutas domésticas o regionales”, aunque en otra respuesta se dice que el 10 de agosto Aerolíneas dejará de volar a Nueva York.
El Gobierno niega que AR haya transferido o cedido su “paquete accionario”. Se informó también que la empresa cuenta con 11.601 empleados, con unos 1205 pilotos y copilotos, y con cinco sindicatos. Además, se asegura que en el año no se le transfirió a dinero a la empresa, contra unos 6 mil millones de pesos del año pasado y unos 47 mil millones en 2022.
En materia social, el informe dice que “en febrero (pasado) se puso en marcha un relevamiento” en merenderos comunitarios inscriptos en el Renacom. “Se relevó un total de 2.193 espacios, de los cuales 1.161 pudieron ser identificados como comedores o merenderos. Entre los 1.032 comedores que no pudieron ser identificados como tales, el 33% no funciona más como comedor o merendero” y “en casi el 16% de los casos, en la dirección declarada nunca funcionó un comedor/merendero”.
También hay preguntas sobre la compra de 24 aeronaves Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon “y su equipamiento de apoyo”. Se respondió que “toda la operación contractual” fue declarada como “Secreto Militar”, por lo que el gobierno “está exceptuado del cumplimiento de la publicidad y difusión de las actuaciones del proceso” y que por el mismo carácter secreto, “no se realizan licitaciones públicas”.
No obstante el hermetismo alegado, se informa que “el costo de la operación es de USD 301,2 millones”, y que la elección de las naves surgió de un estudio en más de 26 países proveedores.
Sobre el brote del dengue, se dice que “no hay muevas solicitudes” para una nueva vacuna y que la Anmat solo tiene registrada “la vacuna Qdenga de laboratorio Takeda.
El informe precisa que “el total de deuda con proveedores de gas, transporte y con contratos de abastecimiento de energía y potencia de Cammesa” asciende a casi 1.8 billón de pesos, o unos 1.600 millones de dólares.
Se afirma también que el Gobierno no cree que las actividades productivas deban ser subsidiadas, “en tanto esto implicaría una distorsión de la cadena de valor respecto a la formación de los precios de la economía”.
Sobre la gestión económica, el informe sostiene que “la política macroeconómica con sesgo antiinflacionario que está llevando a cabo el PEN, conducirá hacia el mes de diciembre de 2024 a una tasa de inflación mensual sensiblemente inferior con respecto a los niveles del último año”.
El informe, entre las más de mil preguntas, incluye el tema jubilaciones. Se informó que según “el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)” hay un total de 7.281.962 de “beneficiarios previsionales”; unos 3.337.302 son “sin moratoria” y 3.944.660 “con moratoria”.
El Gobierno, además, reafirma que no piensa en una nueva ley de alquileres y “se considera que el único marco jurídico valido para la celebración de este tipo de contratos es el establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación”.