Carolina Ramos
El Gobierno nacional ratificó este martes que no acompañará ninguna ley para aliviar el drama de las familias endeudadas, un tema que crece en la agenda pública. Así lo confirmó el vocero presidencial Adrián Ravier en la previa de la sesión convocada para este miércoles en la Cámara de Diputados, donde la oposición presionará con distintos proyectos que buscan prevenir y resolver la morosidad.
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“En La Libertad Avanza no habría una posición de acompañar los proyectos de la oposición porque va a contramano de las palabras del presidente”, informó Ravier en conferencia de prensa, donde además reiteró que tampoco prevén tomar medidas porque “salvar esta situación desde el Gobierno con dinero de los contribuyentes es tomar recursos de la población para salvar a los bancos”.
Desde su reaparición pública, que coincidió con una movilización de endeudados al Ministerio de Economía, Javier Milei se muestra preocupado en contrarrestar cifras, desestimar que exista una crisis y sostener el modelo económico. Esa fue la línea discursiva que bajó el presidente a sus ministros en la reunión de Gabinete del lunes, y también a sus legisladores en otro encuentro convocado este martes en Casa Rosada.
Paralelamente, Milei salió a dar la batalla en redes sociales. En medio de una catarata de insultos, amplificó un informe de un exfuncionario del Ministerio de Producción durante la gestión macrista, Matías Fernández, que reconoce el aumento de la morosidad pero aclara que afecta de manera desigual en cuanto a los montos adeudados y cuestiona que Mercado Pago, la empresa de Marcos Galperín, sea el principal responsable del problema.
A su vez, Ravier responsabilizó al Congreso y a los bancos por el fenómeno: “La mora aparece en 2025 y en el contexto del ataque político del Congreso, que votó con mucha irresponsabilidad una cantidad de leyes que no tenían un financiamiento claro. Esa situación impactó sobre la demanda de dinero, sobre el tipo de cambio y las tasas de interés, y cuando las tasas se elevaron, eso llevó a que muchas familias no pudieran pagar los créditos”.
“El problema es de los bancos y las entidades financieras, que han otorgado créditos con tasas de interés elevadas, quizás para cubrirse de los riesgos que estaban asumiendo, y esto ha dejado comprometidas a estas entidades financieras”, aseguró Ravier.
En línea con la visión de Milei, el funcionario explicó que lo que hace el Gobierno es generar el contexto económico para que “los privados puedan negociar”, y destacó que gracias a eso “las tasas que estaban a principio de año en un 50% hoy están en el 25%”.
Oposición a la carga
Con el envión del debate público, Unión por la Patria y otros sectores de la oposición intentarán colar el tema en la sesión de este miércoles al mediodía, que fue convocada por La Libertad Avanza para tratar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), el nuevo régimen de Inocencia Fiscal, el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) y numerosos proyectos no conflictivos de bloques aliados.
Para incorporar al temario los casi 30 proyectos en danza para aliviar a las familias endeudadas, la oposición necesita reunir tres cuartos de los votos, una mayoría que puede ser bloqueada fácilmente por La Libertad Avanza. Pero aunque no den los números, el objetivo es otro: sondear el terreno para comprobar cuán cerca están de las 129 voluntades para pedir una sesión especial, posiblemente para el 9 de septiembre.
Si bien aún no hay una estrategia unificada y tampoco está claro cuál de todas las propuestas reúne mayor consenso, lo que busca la oposición con una futura convocatoria es mantener el tema en agenda y forzar a abrir el debate en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que el libertario Bertie Benegas Lynch solamente habilita para tratar los proyectos del Poder Ejecutivo.
“Después de dos meses, el oficialismo y algunos aliados convocaron a una sesión especial en la cual aparecen los temas que le interesan a la política, pero no los que tienen angustiada a la mayoría de las familias”, planteó a VÍA PAÍS el socialista Esteban Paulón (Provincias Unidas), uno de los que intervendrá este miércoles en el recinto.
En ese sentido, advirtió que “es increíble que no se hayan integrado al debate los expedientes sobre el endeudamiento de más de 7 millones de familias ni proyectos que permitan una mejora de los ingresos de las personas. Por eso en la sesión vamos a impulsar apartamientos de reglamento para incluir diversos expedientes y poner sobre la mesa las urgencias sociales”.
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Entre los numerosos proyectos que tienen estado parlamentario, hay uno del exdiputado cordobés Oscar Agost Carreño (PRO) y otro acompañado por la kirchnerista Gabriela Estévez que proponen generar una instancia de mediación administrativa y gratuita para que los deudores lleguen a un acuerdo con los acreedores sin ir a juicio, en planes de pago de hasta cinco años con intereses limitados.
El santafesino Paulón también presentó un paquete de proyectos: uno de ellos propone que las fintech y cualquiera que otorgue crédito de forma habitual queden bajo la supervisión del Banco Central, que deberá garantizar un piso mínimo concreto para que el otorgamiento de crédito sea responsable: límites a las tasas de interés, alertas de sobreendeudamiento y consentimiento explícito antes de ofrecer crédito o cobrar por débito automático.