Carolina Ramos
Los gobernadores de Juntos por el Cambio se pusieron al hombro las negociaciones con la Casa Rosada para destrabar el dictamen de la “ley ómnibus”, pero el Gobierno no cede con el aumento de retenciones ni los cambios en la fórmula jubilatoria y parte de la oposición “dialoguista” decidió no acompañar el despacho del oficialismo e ir con propuestas propias.
Las negociaciones avanzaron tras una visita del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, a Casa de Gobierno, donde se reunió con el ministro del Interior, Guillermo Francos, mientras el mandatario santafesino Maximiliano Pullaro era recibido por los bloques “colaboracionistas” en el Congreso.
Mientras avanzaba la tarde, el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales se pospuso de las 18 a las 20:30. En esas horas, diputados como Cristian Ritondo, Miguel Pichetto, Emilio Monzó, Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal pasaron por la oficina del presidente de la Cámara, Martín Menem, para plasmar los cambios en el texto final.
Todos buscaban aunar esfuerzos para imponerse a Unión por la Patria y unificar un dictamen que sea el de mayoría, con alrededor de 50 firmas sobre las 115 que componen el plenario. Pero hasta minutos antes del inicio del debate en comisiones, no estaba sellado el acuerdo definitivo.
La Casa Rosada aceptó seis modificaciones pedidas por gobernadores, pero no dio marcha atrás con la suba de retenciones al sector industrial, el trigo, el maíz, derivados de la soja y otros productos. Era otro reclamo fuerte de los gobernadores y, como el tema no será retirado, se definirá a todo o nada en la votación en el recinto.
Tampoco había acuerdo en los cambios en las jubilaciones. El Gobierno propone mantener la fórmula vigente para el aumento de marzo, y en abril pasar a un ajuste mensual por IPC, pero en la oposición advierten que los haberes quedarán rezagados porque la suba “se come” un mes. El tema no figuró en el pliego de pedidos de gobernadores.
Estos desencuentros provocaron una dispersión en la oposición “colaborativa”. El único bloque entero dispuesto a acompañar el dictamen oficialista con disidencias parciales era el PRO.
El radicalismo, en tanto, se partió entre quienes también buscaban firmar con La Libertad Avanza, como impulsaba Rodrigo De Loredo, y los diputados alineados a Facundo Manes, que promovían un dictamen propio. Finalmente, este último sector decidió no firmar ningún despacho, pero dejó en claro su malestar.
“El DNU y la ley ómnibus tal como fue presentada por el Gobierno no solo tensan los límites de la democracia por las formas, sino que también empobrecerán aún más a los argentinos por el fondo”, advirtió el neurocientífico.
También en Hacemos Coalición Federal había diferencias. Miguel Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Carlos Gutiérrez y Oscar Agost Carreño trabajaron toda la jornada para acercar posiciones con el oficialismo, pero no lograron acarrear al resto del bloque, que se encamina a dividirse en su primera votación.
La Coalición Cívica de Elisa Carrió se aprestaba a presentar su propio dictamen, en rechazo a la reforma jubilatoria, la delegación de facultades (a pesar de que fue recortada), las retenciones y la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. “No han dejado ayudarse para lograr las herramientas que necesitan”, se quejó el “lilito” Juan Manuel López.
Con argumentos similares, el Partido Socialista, representado en las comisiones por Mónica Fein, y la bonaerense Margarita Stolbizer también firmaban un dictamen por separado. “Gobernabilidad en el marco de la Constitución. Ni atropello ni marcha atrás. Ni kirchnerismo ni entregar todo a manos de los negocios de unos pocos. Vamos a proteger a jubilados, trabajadores, pymes, la educación, la cultura y el ambiente”, afirmó Stolbizer.
Más cambios
El Gobierno aceptó coparticipar a las provincias lo recaudado por el régimen de exteriorización de capitales (blanqueo), que originalmente estaba destinado a la capitación del Banco Central. Era uno de los pedidos más fuertes de los gobernadores de Juntos por el Cambio.
También se estableció que antes de transferir los activos del FGS al Tesoro se salde la deuda con las cajas previsionales no transferidas por 13 provincias a la Nación, entre las que se encuentran Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Era un planteo del cordobés Osvaldo Giordano, titular de la Anses y hombre de Juan Schiaretti en el Gobierno.
Otro pedido que aceptó el Gobierno para complacer al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, tiene que ver con un compromiso para que el Gobierno nacional cumpla “estrictamente” con el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó restituir fondos coparticipables quitados a la Ciudad de Buenos Aires en 2020.
Asimismo, los gobernadores lograron bloquear en la “ley ómnibus” la eliminación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial y del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional. También modificarán la determinación del salario mínimo docente. Además, se eliminó la desgravación de retenciones impositivas a los cobros electrónicos en pequeños contribuyentes.
En paralelo a la visita de Frigerio a la Casa Rosada, su par de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, realizó una ronda de reuniones en Diputados con el jefe del bloque radical, Rodrigo De Loredo; su par del PRO, Cristian Ritondo, y diputados de Hacemos Coalición Federal. También se juntó por separado con los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, y con la senadora radical Carolina Losada.
“Encontramos el respaldo inquebrantable del bloque de la Unión Cívica Radical, que tiene que ver con las retenciones a los cereales, particularmente al maíz y al trigo por un lado, y a la soja y a sus derivados por el otro, y por supuesto a las retenciones a la industria que la suben en términos generales del 0% o del 3% al 15% y eso directamente saca a gran parte de la industria de la provincia de Santa Fe de la cancha”, aseguró Pullaro.