Mientras el Gobierno dilata la discusión con ayuda del diputado José Luis Espert, la oposición busca avanzar en la Cámara baja con la nueva fórmula jubilatoria. La Comisión de Previsión y Seguridad Social, donde fue designada como presidenta la radical cordobesa Gabriela Brouwer de Koning, buscará firmar en las próximas semanas un dictamen desacoplado de la nueva y demorada “ley bases”.
La reunión se realizó este jueves sin la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que encabeza Espert, recientemente incorporado a La Libertad Avanza. Los proyectos tienen giro a ambas comisiones, pero el legislador se negó a convocar a una reunión conjunta porque prefiere esperar la nueva edición de la “ley ómnibus”, que se enviaría recién después de Semana Santa.
“Por diferentes criterios no se logró una reunión conjunta, pero eso no impide que nosotros podamos tratar este asunto urgente y trascendente”, remarcó Brouwer de Koning.
Según la hoja de ruta acordada, se realizará una reunión informativa el 4 de abril con especialistas (también citarán a funcionarios) y se intentará llegar a un dictamen la semana del 8, aunque podrían tomarse una semana más si no hay acuerdo. Hay 16 proyectos presentados por todos los bloques y, aunque la mayoría coincide en una actualización mensual por IPC (Índice de Precios al Consumidor), hay diferencias en cuanto al empalme entre fórmulas y el complemento a otorgar.
Espert fue blanco de críticas por parte de Unión por la Patria, la UCR, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. “El presidente de Presupuesto ha tenido otra agenda esta semana”, ironizó la radical Karina Banfi. “No queda claro por qué se niega el presidente de Presupuesto para hacer una reunión plenaria. Me gustaría que me digan por qué el licenciado Espert se niega”, se quejó también el sindicalista bancario Sergio Palazzo.
El legislador de Unión por la Patria lamentó que “para el oficialismo es más importante condicionar el acuerdo a la ley bases que solucionar el problema de los jubilados”, y remató: “(Espert) estará muy ocupado en canales de televisión proponiendo rebeliones fiscales”.
Nicolás Del Caño, del FIT, coincidió en que “Espert no tiene apuro; el debate sobre la necesidad que tienen millones de jubilados, para él no es urgente”. Y agregó: “Los funcionarios del Gobierno que venían a combatir la casta están muy tranquilos con los millones que cobran”.
Desde la Coalición Cívica, fuerza que impulsó la semana pasada una sesión que fracasó por falta de quórum, Maximiliano Ferraro alertó que “parece que la Comisión de Presupuesto fuera la oficina de una representación política en Diputados”. El diputado defendió su proyecto, que establece ajuste mensual por IPC más un 20,6% de compensación por la inflación del mes de enero.
El proyecto del PRO, que fue detallado por María Eugenia Vidal, propone el mismo mecanismo de actualización pero agrega un adicional anual en marzo, de un 30% de la variación entre el RIPTE y el IPC. “Si hay deflación y crecimiento, esto permite a las jubilaciones no quedar tan atrás. Si no consideramos fallos de la Corte que incluyen la necesidad de que en la formula haya un componente salarial, abrimos la posibilidad de demandas judiciales”, explicó la exgobernadora bonaerense.
Por su parte, la cordobesa Alejandra Torres, representante del gobernador Juan Schiaretti, consideró que el ensamble entre fórmulas tiene que ser con el IPC de enero. Además, introdujo un fuerte reclamo de Córdoba y propuso instruir a la ANSES a cancelar, en un plazo de seis meses, las deudas con las cajas previsionales provinciales y los beneficiarios que tienen sentencia judicial firme.
A diferencia del resto de la oposición, los kirchneristas Gisela Marziotta e Itai Hagman propusieron mantener la fórmula vigente (que actualiza los haberes cada tres meses según una combinación de la evolución salarial y la recaudación de ANSES) y activar una “cláusula gatillo” para aplicar el IPC cuando éste sea superior al índice de movilidad.
También expusieron sus proyectos Romina Del Plá (Partido Obrero), Nicolás Del Caño (PTS) y los radicales Pedro Galimberti y Danya Tavela. La oposición buscará ahora un punto de encuentro entre todas las iniciativas.
“Hoy el sistema previsional tiene una crisis profunda. El 86% de los jubilados y pensionados no logran cubrir su canasta básica, 7 de cada 10 niños son pobres, y tienen jubilaciones de privilegio no solo el presidente y vice, sino también los jueces y el servicio exterior. Es urgente e imperativo que el Congreso se aboque a evitar esas injusticias y darle un tratamiento serio a esta temática para evitar que los sectores más vulnerables cobren por debajo de la línea de pobreza”, planteó Brouwer de Koning.
