Carolina Ramos
El presidente Javier Milei sufrió una dura derrota a manos de la oposición. A pesar de un débil intento de último momento por torcer voluntades, una mayoría conformada por el kirchnerismo, el radicalismo y bloques federales rechazó en la Cámara de Diputados el veto a la emergencia en discapacidad. La ley, que busca ponerle fin al ajuste en el sector, recibió 172 votos a favor, 73 en contra y dos abstenciones, del PRO. Así, reunió los dos tercios que se necesitaban para la insistencia.
La euforia brotó de las bancas opositoras cuando el tablero marcó el resultado. La ley recibió apoyo de todo el arco opositor, donde se ubicaron los diputados que responden al gobernador cordobés Martín Llaryora. El interbloque La Libertad Avanza (donde están contenidos los “radicales con peluca”), el PRO, la cordobesa del MID Cecilia Ibáñez y dos “cornejistas” quedaron solos en la defensa del veto.
A la oposición le fue mejor, incluso, que en la votación original de la ley: hubo 24 votos positivos más, y 24 ausencias menos que en el mes de junio. Las dos abstenciones en esta oportunidad fueron de María Eugenia Vidal y su par bonaerense Gabriela Besana, ambas del PRO. En la votación hubo además 10 ausentes, entre las que sobresalió la excandidata porteña Silvia Lospennato.
“La ley de emergencia en discapacidad está fuera de la grieta y es de pura racionalidad económica. El veto es absurdo, esto no tiene impacto fiscal. La ley reordena un sistema que está colapsado. La situación es desesperante”, fundamentó el exministro Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad y autor del proyecto original.
El debate ahora pasó al Senado, donde hay grandes posibilidades de que la oposición repita este resultado (ya habían aprobado el proyecto por unanimidad, en ausencia del oficialismo). Para evitar una derrota incómoda en el inicio de la campaña electoral, la Casa Rosada anunció que evalúa una medida, pero no movió el amperímetro.
“El veto es una medida incomprensible, con la que han demostrado un nivel de amateurismo que preocupa. La emergencia en discapacidad es un tema que no admite discusión, es urgente y absolutamente necesaria”, remarcó el cordobés Carlos Gutiérrez, mano derecha del ahora candidato Juan Schiaretti.
Anuncio infructuoso
Cuando faltaba media hora para el inicio de la sesión, el vocero presidencial, Manuel Adorni, publicó en redes sociales que “están considerando” un aumento en las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, que en lo que va del año solo crecieron 0,5%. El mensaje solo generó indignación. “Es la quinta vez que un funcionario dice que lo está analizando”, lamentó Arroyo.
Algunos aliados oficialistas que estaban incómodos con rechazar los vetos intentaron sin éxito hacer reaccionar al Gobierno. Incluso hubo legisladores que se acercaron a Martín Menem, titular de la Cámara, y le llevaron alternativas concretas, como destinar “todo el dinero de las pensiones mal otorgadas” a financiar el aumento de los prestadores. Pero la respuesta fue negativa. En el debate, el único diputado oficialista que intervino, Santiago Santurio, ni siquiera se refirió al veto.
“Son ellos los que nos traen hasta acá”, lamentan legisladores que hasta hace poco acompañaban al Gobierno. En el recinto, desde el propio bloque PRO hubo quejas: el pampeano Martín Maquieyra, autor de un dictamen de minoría, sostuvo que el Gobierno debe actualizar el nomenclador de aranceles. “Que el Congreso no legisle en cuestiones que se pueden resolver con una resolución”, se molestó.
En el bloque oficialista, al mando del cordobés Gabriel Bornoroni, sabían desde el martes a la noche sobre el anuncio de Adorni, y hubo quienes reconocieron que llegó tarde. Ni siquiera alcanzó para contener a dos diputados propios que, a contramano de la bancada, aportaron al quórum junto con la oposición: la periodista Marcela Pagano y el puntano Carlos D’Alessandro. Entraron corriendo al recinto, sobreactuando su presencia.
Pagano está enemistada desde hace tiempo con Menem y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y es la segunda vez que colabora con la oposición. D’Alessandro, por su parte, está en guerra con Karina porque al filo del cierre de listas le intervino el partido de La Libertad Avanza en San Luis. El diputado tiene diálogo con sus pares, pero aclara que “no es uno de los 39” del bloque y admite que la confianza está rota.
Polémica por audios filtrados
En el debate estalló la reciente filtración de supuestos audios del director de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), Diego Spagnuolo, en los que revela y describe el cobro de coimas por parte de Karina Milei y su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem, para la compra de medicamentos. “Yo hablé con el presidente. Tengo todos los WhatsApp de Karina. Le dije ‘no te podés hacer el boludo conmigo’. No me tires a mi este fardo”, es uno de los explosivos textuales atribuidos al funcionario.
“¡Tienen que hacerse cargo y responder por estas acusaciones! ¡Son ustedes los que dijeron que venían a terminar con los curros! ¡Digan si son ciertos o falsos esos audios!”, exigió el peronista porteño Leandro Santoro. “Pasó casi un día y no hubo ninguna desmentida. No sabemos si se filtraron por la interna oficialista”, sospechó Christian Castillo, del Frente de Izquierda.
El socialista Esteban Paulón, de Encuentro Federal, subió la apuesta y anunció que pedirá citar a Karina y a Spagnuolo al recinto de Diputados “para que vengan a explicar los audios, que den cuenta de la gravedad que se dice allí, y que digan si es cierto o no lo que se dice sobre porcentajes, retornos y negociaciones espurias en un tema tan sensible”.
La iniciativa vetada por el presidente declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año. En ese marco, busca asegurar el financiamiento de las pensiones no contributivas; otorgar una compensación de emergencia a los prestadores y actualizar mensualmente el nomenclador de aranceles; y garantizar el presupuesto de la ANDIS.
También se actualiza la asignación estímulo, esto es, la prestación otorgada a las personas con discapacidad que se desempeñan en talleres protegidos; se permiten nuevos ingresos a ese régimen de empleo; y se dispone la protección de la salud para los beneficiarios de las pensiones. Además, se establece la conversión de oficio de las pensiones no contributivas por invalidez a pensiones por discapacidad.
La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que las nuevas altas en pensiones tendrán un costo de entre 0,22% y 0,42% del PBI; la compensación de emergencia a prestadores, de 0,03% del PBI; y la asignación para talleres de producción, de 0,0008% del PBI. A esto hay que sumar la actualización del nomenclador, el refuerzo presupuestario de la ANDIS y el aumento de beneficiarios en la cobertura de salud, ítems que la OPC no pudo estimar.