Carolina Ramos
A fuerza de presiones que recrudecieron en la recta final sobre gobernadores de distintos signos políticos, el Gobierno forzó a la oposición, que tenía el quórum justo, a postergar para el próximo jueves 21 la sesión en la que pretendía aprobar un límite a los DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia) y rechazar el decreto 846/24, que le da al ministro de Economía, Luis Caputo, rienda suelta para canjear deuda sin autorización del Congreso.
Cuando el reloj marcaba las 15, horario de convocatoria a la sesión especial, Unión por la Patria, Encuentro Federal y los radicales disidentes de Democracia para Siempre presentaron una nota ante el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, en la que solicitaron una prórroga para la semana próxima, con la esperanza de consolidar el quórum y esperar el resultado de una repentina convocatoria del oficialismo a tratar el Presupuesto este jueves en comisión.
“Motiva esta decisión que el oficialismo convocó a la comisión para tratar el Presupuesto 2025. Veremos si el Gobierno tiene voluntad o no de tener ley de Presupuesto”, fue el argumento que dio, en público, el bloque Unión por la Patria, liderado por Germán Martínez, que con sus 99 integrantes era clave para el éxito de la sesión.
Más allá de las explicaciones formales, los aprietes de la Casa Rosada calaron hondo en el peronismo/kirchnerismo, donde de repente empezaron a contabilizar casi una decena de bajas. Entre ellas, las de los representantes de los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero). Fue el factor decisivo para que la oposición decidiera, sobre el filo, posponer la convocatoria.
Las presiones tampoco escaparon al gobernador cordobés, Martín Llaryora. Los cinco diputados del oficialismo provincial (Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Juan Brügge, Alejandra Torres y Natalia De la Sota) tenían previsto, hasta este lunes, dar quórum. Y salvo Torres, que definía su voto, el resto estaba encaminado a votar a favor de los dos puntos del temario.
En Encuentro Federal ya había al menos dos bajas digitadas por los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Chubut, Ignacio Torres. Eran los diputados Francisco Morchio y Jorge Ávila, respectivamente. Además, había dudas en torno a Melina Giorgi, una diputada del mandatario santafesino Maximiliano Pullaro que integra el bloque Democracia para Siempre.
Horas antes de la sesión fallida, el oficialismo jugó su carta: convocó a tratar el Presupuesto en comisión este jueves a las 10 sin funcionarios del Poder Ejecutivo, lo que abrió especulaciones en torno a la firma del demorado dictamen. De esta manera, La Libertad Avanza buscó adelantarse a una jugada que ya tramaban en Encuentro Federal para emplazar a la comisión, desde el recinto, a emitir despacho en un plazo determinado.
Esa jugada, que no llegó a concretarse, era la salida que evaluaba el bloque de Miguel Pichetto para mostrar voluntad de tener un Presupuesto frente al desinterés que, hasta este momento, dejaba traslucir la Rosada. La bancada tiene preparado un dictamen propio, con alternativas para aumentar partidas sensibles sin alterar el equilibrio fiscal.
En un comunicado, Encuentro Federal consideró que la citación de la comisión que preside José Luis Espert “será una oportunidad para que el Poder Ejecutivo exprese de manera clara su voluntad de tener un presupuesto aprobado por el Congreso de la Nación”.
Sesión fallida
Las caras largas comenzaron a verse entre los líderes opositores a medida que llegaban a la reunión de Labor Parlamentaria en el Salón Delia Parodi, donde los esperaba Martín Menem. Teléfono en mano, Germán Martínez hacía los últimos esfuerzos para evitar fugas en Unión por la Patria, que sufría un quiebre como nunca antes desde la asunción de Milei.
Aunque fue una derrota, en la oposición no ignoran que había un escenario peor: lograr el quórum, pero no los 129 votos para aprobar la nueva ley de DNU. Es que, si el proyecto resulta rechazado, no puede volver a ser tratado este año. Los diputados prefieren dejar a salvo el dictamen firmado y tenerlo como prenda de negociación.
“Insistimos sobre la necesidad de reformar la Ley 26.122 reglamentaria de los DNU para darle un marco de institucionalidad y legalidad. Y seguiremos trabajando para que pueda tener tratamiento de forma inminente”, expresó Encuentro Federal.
El PRO, por su parte, ya había definido no dar quórum. Y una vez que se prorrogó la sesión, movió sus fichas: pidió su propia sesión para el próximo miércoles 20, con un temario que incluye tres temas de los que buscan hacer bandera: la “ficha limpia” contra candidatos condenados por corrupción, un proyecto de la ministra Patricia Bullrich sobre reiterancia delictiva, y el regreso del voto por correo.
La UCR tampoco tenía previsto bajar al recinto. En la reunión virtual que mantuvieron los diputados este lunes, Rodrigo De Loredo transmitió la opinión de los gobernadores del espacio: según participantes del encuentro, los mandatarios colocaron el Presupuesto “en el centro” y pidieron “que nada enturbie ese proceso y las negociaciones”.
“La mayoría del bloque de diputados de la UCR resolvimos no dar quórum a la sesión convocada por el kirchnerismo y otros bloques para reformar la ley que reglamenta los DNU. La postura ha sido debatida ampliamente con nuestros gobernadores, quienes coinciden en la inoportunidad de exigir un estándar que no se le exigió a quienes ahora lo reclaman”, publicó De Loredo en redes sociales.
El cordobés no negó que sea necesaria una reforma, pero consideró que no es el momento. “A este gobierno con minoría parlamentaria se le quiere aplicar en este tema un estándar institucional, inédito para el tiempo que lleva, en comparación de sus antecesores, incluido el de Mauricio Macri. La doble vara no se concilia con lo republicano”, enfatizó.
Como dato saliente, a la reunión de bloque UCR no fueron convocados los cinco radicales “mileístas” (el cordobés Luis Picat, el tucumano Mariano Campero, el correntino Federico Tournier, el misionero Martín Arjol y el neuquino Pablo Cervi). Entre sus correligionarios no cayó bien que adelantaran públicamente su posición en contra sin antes haberlo conversado en el bloque.
La reforma de la ley de DNU que la oposición pretendía aprobar tiene dos ejes centrales. En primer lugar, fija un plazo de 90 días para la aprobación de los decretos en el Congreso (de lo contrario, perderían vigencia). En segundo término, exige que para que sigan firmes tengan que ser avalados por ambas cámaras, y en cambio puedan ser rechazados por una sola, a la inversa de la norma vigente.
Estos cambios le marcan un límite a Milei, que en 11 meses de gestión ya dictó 42 DNU. Muchos de los cuales, advierten en la oposición, no cumplen los requisitos de necesidad y urgencia exigidos por la Constitución Nacional y solo se firmaron para “saltear” el Congreso, donde el presidente adolece de una marcada minoría parlamentaria, con solo 39 de 257 diputados y 6 de los 72 senadores.
Por otra parte, la oposición iba por el rechazo al decreto que habilita al Poder Ejecutivo a realizar canjes para títulos en cualquier moneda sin los requisitos de la Ley de Administración Financiera, es decir, mejoras en dos de tres condiciones (monto, tasa o plazo), y sin la autorización del Congreso, que tiene facultades para renegociar deuda.