Carolina Ramos
Tras un debate cruzado por denuncias de lobby, la Cámara de Diputados dio este miércoles el primer paso para regular el juego online a nivel nacional y prevenir la ludopatía, con foco en niños y adolescentes. Fue con la aprobación de un proyecto consensuado por el arco opositor que impide el acceso de menores de 18 años a las plataformas de apuestas y prohíbe cualquier forma de publicidad, incluyendo los influencers.
La iniciativa recibió 139 votos a favor (de Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y otros bloques opositores), 36 en contra (de La Libertad Avanza) y 59 abstenciones (del PRO, la UCR y el MID). Ahora deberá completar su recorrido en el Senado.
El proyecto aprobado prohíbe la publicidad, promoción y patrocinio de los juegos de azar y apuestas en línea en plataformas y redes sociales; publicaciones de influencers; indumentaria deportiva; cartelería en la vía pública; y medios de difusión gráficos, radiales o televisivos, entre otros. También en futuros medios que puedan surgir con los avances tecnológicos.
También prohíbe los “bonos de bienvenida”, como se le llama a las promociones y bonificaciones que ofrecen las plataformas para atraer jugadores; el auspicio de equipos deportivos o deportistas en forma individual; y la promoción o difusión en estadios deportivos, recitales y festivales.
La sesión arrancó sin La Libertad Avanza ni el PRO. Ambos bloques bajaron a sus bancas una vez que hubo quórum y criticaron el texto acordado por la oposición. Incluso barajaron la posibilidad de pedir la vuelta del dictamen a comisiones, pero desistieron al corroborar que no reunían los votos necesarios.
Durante el debate brotaron estadísticas que dan cuenta del avance de la ludopatía a la temprana edad. Una encuesta de Faro Digital citada por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) revela que el 65% de los encuestados conocían un joven que sufría problemas relacionados a las apuestas; que el 40% de los apostadores en línea tienen entre 15 y 29 años; y que entre enero y septiembre de 2023 más de 14 millones y medio de argentinos visitaron sitios de juego en línea.
Estos y otros datos alarmantes motivaron la presentación de varios proyectos de ley, entre ellos de los cordobeses Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) y Gabriela Brouwer de Koning (UCR). Tras varias reuniones de comisión por donde pasaron casi 40 expositores, la oposición consiguió el dictamen de mayoría y la Coalición Cívica de Elisa Carrió motorizó la sesión especial.
“Si bien los juegos de azar son competencia provincial, venimos a dar un marco nacional invitando a las provincias a adherir, y además venimos a llenar un vacío legal y aportar a la Justicia, que está investigando en este momento muchos casos de influencers”, explicó la diputada de la CC Mónica Frade, presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones.
Cruces y denuncias
“Sabemos que este proyecto tiene que ver con la recaudación de los gobernadores y con un ‘meganegocio’ que en Argentina ha tenido un desarrollo inusitado en los últimos años”, advirtió Frade al abrir el debate.
Según la legisladora, “la AFIP grava un promedio de 5% de impuestos indirectos sobre apuestas legales, y en 2023 hubo $7.300 millones de recaudación. En provincia de Buenos Aires, las empresas registradas facturan en conjunto $20.000 millones mensuales. Esto permite estimar que todo el negocio legal e ilegal representa USD 1.300 millones anuales”.
Frade mencionó con nombre y apellido a quienes llamó “los zares del juego local”: “Federico De Achával, dueño del hipódromo de Palermo; Antonio Tabanelli, de Boldt; Daniel Angelici y Daniel Mautone, de Casinos Victoria; Marcelo Rocchetti, socio del operador judicial Freddy Lijo y explotador de bingos de Berazategui”.
A su turno, Silvana Giudici (PRO) intentó negar que su bloque esté vinculado a algún lobby. “Nos causa indignación que se genere una sospecha o que se diga que los bloques que no coinciden con el dictamen de mayoría responden a un interés distinto. Qué casualidad: olvidan que el juego llegó a escala masiva a la Argentina de la mano del mayor rey del juego: Cristóbal López. Por eso me extraña que se hable de lobbies”.
En nombre de La Libertad Avanza, Nadia Márquez, diputada y pastora evangélica, adelantó el rechazo del bloque y llamó a reforzar “una perspectiva de familia”, “la concientización de los padres” y “la educación en valores”. Su compañera Lilia Lemoine coincidió: “Es una responsabilidad de la familia, más que del Estado. Lo que le molesta al kirchnerismo es que haya empresas ganando plata”.
El cordobés Agost Carreño, por su parte, describió la problemática actual: “El celular es un casino al bolsillo. El juego online está en los bolsillos de cada uno de nuestros jóvenes. En Argentina, desde los 13 años es legal tener una cuenta bancaria. Y vemos que todos manejan, desde cualquier edad, las billeteras virtuales”.
“De esta forma, muchos niños van endeudando silenciosamente a sus familias, y cuando se dan cuenta caen en la depresión o hasta el suicidio. La adicción al juego antes era una cosa de adultos, hoy tenemos niños que son apostadores y van cayendo en la ludopatía”, alertó el diputado de Encuentro Federal y titular del PRO cordobés.
La radical Brouwer de Koning, en tanto, afirmó: “El Congreso tiene que actuar con total contundencia. Tiene que dar respuestas a las demandas que estamos teniendo hasta de los propios jóvenes. Esa respuesta tiene que ser integral y tener en cuenta la salud mental”.
Qué dice el texto
El dictamen aprobado impide el acceso de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años a sitios de apuestas. Los operadores o licenciatarios de la explotación de juegos online deberán implementar sistemas de verificación biométrica para validar la identidad y la edad del usuario, así como para el uso de billeteras virtuales.
Las plataformas también deberán adoptar otras medidas, como emitir señales de “tiempo invertido” en su plataforma, con recordatorios de descanso, y leyendas de advertencia sobre los perjuicios para la salud y líneas de ayuda.
Por otra parte, se crea un Registro Nacional de Autoexclusión (ReNA) donde los inscriptos (por decisión propia o por intermedio de familiares) no podrán ingresar a las plataformas ni realizar apuestas.
Para poder operar, las empresas deberán estar constituidas legalmente en Argentina, contar con sede física y representación legal en el país y estar registradas conforme las leyes comerciales y tributarias locales. Frade especificó que “la mayoría está radicada en Malta, otras en Bélgica y Grecia, y muy pocas en el país”. Según la diputada, las licencias se empezaron a otorgar en Argentina en 2018 y hoy llegan a 250.
Se habilitan dos medios de pago para apostar: las tarjetas de débito bancarias, y las billeteras electrónicas o virtuales solo con dinero en cuenta (no se permite la función crédito). En ambos casos, sujetas a un límite diario equivalente al tope o límite de extracción diario establecido por la entidad bancaria o financiera para los cajeros automáticos. Quedan prohibidas las tarjetas de crédito y también los medios de pago asociados a cuentas abiertas a solicitud de la Anses.