El gobierno nacional acordó con el sindicato de Camioneros y organizaciones sociales el control conjunto de precios del programa Precios Justos en supermercados y comercios minoristas del país. La medida generó polémica y críticas por parte de distintos sectores.
En diálogo con diferentes medios, distintos abogados constitucionalistas explicaron por qué esta medida del Poder Ejecutivo no se ajusta al derecho y qué delitos podría eventualmente acusarse a los gremialistas que realicen estas tareas de vigilancia de precios.
Daniel Sabsay precisó que según lo establece la Carta Magna, “el poder de policía no es delegable y solo puede ser ejercido por el Estado y sus autoridades”, ya que, de lo contrario, “puede llevar a que se generen grandes injusticias”.
El letrado también recordó que el dirigente de Camioneros “está procesado en una causa por extorsión y es la base por la cual se tuvo que ir del país (el fundador de Mercado Libre) Marcos Galperin”. Agrego que, “Solo la Argentina se da el lujo de que pasen estas cosas. Es vergonzoso que este hombre sea quien ejerza el poder de policía y yo creo que los distintos supermercados pueden unirse para presentar amparos, porque son cuestiones que en el Derecho se conocen como decisiones absolutamente arbitrarias, porque no hay proporcionalidad entre el fin deseado y el medio elegido para lograrlo”.
“Lo más terrible es que esto parece el mundo del revés, porque ese trabajo le está siendo concedido además a Oscar Borda (jefe de la rama Logística y hombre de la máxima confianza de Hugo y Pablo Moyano), una persona que es especialista en aprietes”, señaló.
Según el abogado, los dueños de los negocios podrían solicitar una acción declarativa de certeza de constitucionalidad, para que la Justicia suspenda la medida que habilita, que controlen algo que le corresponde al Gobierno.
En la misma dirección, Diego Armesto consideró que “es incorrecto que los sindicatos realicen este tipo de tareas porque, si bien son personas jurídicas y públicas, no tienen el poder de policía que tiene el Estado”, por lo que estarían “afectando los derechos constitucionales” de los comerciantes.
“No hay ninguna normativa que los respalde”
El letrado advirtió que al no haber ninguna normativa que los respalde, podrían avanzar contra ellos haciendo las denuncias pertinentes contra estas personas, aunque para eso habría que individualizarlas, lo cual sería un trabajo más engorroso.
Además, explicó que también las autoridades nacionales podrían ser acusadas de “incumplimiento de funcionarios públicos, abuso de autoridad, intimidación pública e instigación a cometer delitos”, por haber realizado este acuerdo con los sindicatos y organizaciones sociales.
Por su parte, Felix Lonigro coincidió con sus colegas en que “acá los mayoristas deben lograr que un juez frene esta medida a través de una acción de amparo colectiva, porque se está haciendo algo que está fuera de la ley”, y advirtió además sobre las consecuencias que podrían tener los gremialistas según la actitud que tomen ante presuntas infracciones de los locales.
