Leandro Boyer
El conflicto político en torno a la designación de las nuevas autoridades en el Consejo de la Magistratura entró en una instancia en la que todas las miradas apuntan a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con la esperanza de que intervenga para evitar una parálisis prolongada en ese organismo clave, a cargo de la selección, el control y la eventual sanción de jueces.
A los integrantes del máximo tribunal de Justicia les quedan pocas reuniones de acuerdos (que se realizan martes y jueves) antes de cerrar el año, por lo que se especula que la definición sería inminente.
La semana pasada el senador del macrismo cordobés Luis Juez presentó un per saltum para acortar el camino y llegar a la Corte con su reclamo por la banca en el Consejo que el Frente de Todos, mediante una cuestionada jugada, le asignó a Martín Doñate.
El planteo de Juez podría transformarse en la llave para que la CSJ imponga su posición y se libere el camino para completar los nombramientos de los 8 representantes del Poder Legislativo (4 por Senadores y 4 por Diputados).
Ante la consulta de este medio, fuentes judiciales que siguen de cerca el caso recordaron que, además del per saltum de Juez, a la Corte llegaron notas del senador Eduardo Vischi (UCR) y de los diputados Roxana Reyes (UCR) y Álvaro González (PRO).
El entrerriano Vischi reclamó que se le tome juramento en la Magistratura (él fue uno de los seleccionados en la Cámara alta junto a Doñate, Mariano Recalde y María Inés Pilatti Vergara).
En Diputados, los legisladores de Juntos por el Cambio también reclaman que se formalice su designación tras la polémica decisión de la titular de la Cámara, la kirchnerista Cecilia Moreau, de suspender los nombramientos.
En rigor, Moreau así lo dispuso luego de apelar el fallo del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Diego Martín Cormick contra la nominación de la diputada radical Roxana Reyes. La referente del FdT decidió “dejar en suspenso todas las designaciones establecidas en la Resolución 1608/2022 hasta tanto se salde la cuestión”.
Ante ese escenario, la principal conjetura que se maneja es que la Corte no tardará en expedirse, sobre todo, porque el Consejo podría entrar en un estado de parálisis hasta febrero en virtud de la feria judicial.
Durante el receso entre el 1 y el 31 de enero, los jueces de la Corte cumplirán un esquema reducido: Juan Carlos Maqueda estará entre el 1 y el 15; Ricardo Lorenzetti, entre el 1 el 8; Horacio Rosatti, entre el 16 y el 31; y Carlos Rosenkrantz, entre el 23 al 31.
Además, la cuestión sobre el Consejo de la Magistratura es uno de los tantos temas sensibles que tiene en sus manos el máximo tribunal, entre los que figuran además la disputa entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno nacional por la coparticipación federal.
En lo que respecta a la Magistratura, la continuidad del conflicto amenaza con paralizar la labor cotidiana de ese cuerpo, entre otras cuestiones, porque completar la nómina de consejeros es esencial para luego avanzar con la conformación de las respectivas comisiones de trabajo.
Más allá de los dilemas que demoran la jura de los representantes del estamento político, en la Magistratura ya entraron en funciones los consejeros Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit (por el ámbito científico y académico); Miguel Piedecasas, Héctor Recalde, Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez (por los abogados), Diego Barroetaveña, Alberto Lugones, María Alejandra Provítola y Agustina Díaz Cordero (por los jueces), y Gerónimo Ustarroz (por el Poder Ejecutivo).