Redacción LAVOZ
Pese a la feria judicial que habitualmente llega todos los veranos en el mes de enero, se siguen conociendo fallos en causas que son trascendentes e involucran a personajes de la política con alta influencia y exposición.
Este lunes se conoció que en el proceso denominado Mesa Judicial, que fue impulsada para investigar si el gobierno de Mauricio Macri presionó a jueces para lograr fallos favorables o castigar a aquellos que firmaban resoluciones adversas y se convirtió en uno de los ejes discursivos de la hipótesis de lawfare del kirchnerismo, está a punto de quedar en la nada.
Según publica el portal Infobae, tanto el expresidente Macri, el exministro de Justicia Germán Garavano, su asesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón y varios de sus exfuncionarios fueron sobreseídos por entender que nunca existió delito y que, a lo largo de cuatro años, no se encontraron pruebas que sustentaran esa hipótesis.
Para los denunciados, todo se trató de un discurso articulado frente a funcionarios del kirchnerismo que tenían problemas en la Justicia. Sin nombrarla, aludían a Cristina Kirchner.
El fallo, que fue firmado hace unas semanas, pero hasta ahora no había trascendido, estableció una serie de puntos clave: el principal es que los jueces o funcionarios que fueron supuestamente presionados nunca hicieron la denuncia en aquel momento, pese a que estaban obligados en su calidad de funcionarios públicos. Además, cuando fueron a declarar, afirmaron que no se habían sentido afectados ni habían torcido sus decisiones judiciales por las causas en las que intervenían.
“Esta cuestión no es menor, por cuanto no se trata aquí de víctimas legas, que años después de un evento traumático podrían resignificar vivencias delictivas para aportar sus versiones a la justicia. Se trata aquí de magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, que no solo se presume conocen el derecho y, por lo tanto, pueden mínimamente distinguir un accionar delictivo de aquel que no lo es, sino que, además, cuentan con la carga pública de denunciar ante la existencia de un delito como tal”, sostuvo el fallo firmado por la jueza María Eugenia Capuchetti.
Es más, afirmó Capuchetti, “tampoco se advierte que los magistrados (independientemente de que no hayan denunciado), se hayan apartado de los expedientes que presumiblemente motivaban las presiones, a fin de garantizar su imparcialidad”. Todo este escenario “evidencia que no fueron influenciados de manera indebida o que las presiones no tuvieron un impacto significativo en sus decisiones”.