Redacción Vía País
La Cámara de Diputados aprobó este martes el dictamen de mayoría impulsado por el Frente de Todos de reforma al impuesto a los Bienes Personales, con 127 votos positivos y 126 negativos, con lo cual la iniciativa volverá al Senado para que lo trate la semana próxima.
La iniciativa fue sancionada con los votos aportados por el Frente de Todos, el Frente de Izquierda y el Interbloque del Frente de Izquierda, mientras que la oposición contó con el respaldo de los legisladores de Juntos por el Cambio, Interbloque Federal y las agrupaciones de Javier Milei y José Luis Espert.
Cuáles son las modificaciones que pidió el oficialismo
- Incrementar el mínimo no imponible de $2 millones hasta $6 millones.
- Aumento de la alícuota máxima: los patrimonios que superen los $100 millones pagarán una alícuota del 1,5%. Actualmente la alícuota máxima es de 1,25% para los bienes que superan los $18 millones.
- Actualización anual y automática del mínimo no imponible mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide el Indec. Esto estará vigente para el conjunto de los bienes (pero no para el mínimo especial que se utiliza para la casa-habitación) y para los tramos de la escala de alícuotas.
- Se incorporó un artículo que mantiene el gravamen del 2,25% sobre los bienes en el exterior, con los correspondientes beneficios por repatriación. El presidente de la comisión explicó que con la caída del Presupuesto esa cláusula había caducado, por lo que ahora se busca reestablecerla.
Rechazo en la oposición
En la oposición habían advertido que si la ley no es sancionada antes del 31 de diciembre, para que tenga vigencia en las declaraciones de impuestos de 2022, al menos 600.000 contribuyentes empezarían a pagar este impuesto, lo cual se traduce como un incremento en la presión tributaria.
Además, en esa bancada advirtieron que, con la nueva cláusula dedicada a los bienes en el exterior, se reestablece el artículo 82 del Presupuesto que fracasó la semana pasada. Ese artículo era uno de los más polémicos, porque implicaba una delegación de facultades en el Poder Ejecutivo en materia impositiva.