Este jueves se tratará en una audiencia “de manera presencial” la presentación hecha por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner para recusar a la jueza federal María Eugenia Capuchetti. Se trata de un nuevo avance de los abogados de la vicepresidenta contra la magistrada que investiga los hechos que terminaron en su intento de asesinato.
“En atención a lo solicitado precedentemente por el Dr. (Marcos) Aldazabal y para garantizar la publicidad de la audiencia, hágase saber que el informe oral se llevará a cabo de manera presencial el día 2 del corriente mes a las 12:00 hs, en la sede de este Tribunal”, resolvió el camarista federal Leopoldo Bruglia.
La querella encabezada por los abogados Aldazabal y José Manuel Ubeira había pedido que la audiencia “se lleve a cabo de manera oral y pública, para que pueda ser transmitida por los medios que V.E. (vuestra excelencia) estime conveniente”, aunque el objetivo era que se habilitara su difusión en vivo, que se iba a realizar por la plataforma Zoom.
El planteo de la querella ante la Cámara Federal porteña había sido presentado ayer por la tarde y allí se sostenía que “la publicidad de todas las audiencias -pero más aún las que revisten tal trascendencia para la ciudadanía- de acuerdo con la Corte Suprema de Justicia de la Nación conduce a una mejora de la calidad institucional”.
Los letrados agregaron allí que “no solo se trata de un caso al que esta Cámara ya se ha referido como de gravedad institucional, sino, además, de una circunstancia en la que se discuten temas básicos para nuestra sociedad, como lo son separación e independencia de poderes y la conducta que deben respetar los funcionarios públicos”.
Fuentes judiciales consultadas por Télam enfatizaron que la audiencia podrá ser presenciada por los periodistas que quieran cubrirla y que estos podrán grabar los audios de la exposición de los abogados querellantes, a la vez que se podrá tomar una imagen “oficial” ante del inicio de la misma.
Días atrás, Capuchetti rechazó la última recusación presentada por la querella en la que se puso en duda su imparcialidad, luego de que trascendiera que realiza labores académicas rentadas en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la ciudad de Buenos Aires.
Esta última recusación había sido presentada por la querella de Fernández de Kirchner el 9 de enero último y allí se le achacó a la magistrada una presunta “dependencia” del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño.
