El expresidente Alberto Fernández fue citado a indagatoria para declarar en la causa que investiga irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos estatales en la gestión anterior. El exmandatario se hizo presente este miércoles en Comodoro Py.
Alberto Fernández llegó a Comodoro Py media hora antes y fue indagado por el juez Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo en la causa que investiga los 45 contratos firmados por organismos estatales con Nación Seguros y los 25 brokers entre 2019 y 2023. El expresidente está imputado por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles.
También fueron citados a declarar Héctor Martínez Sosa, quien se quedó con el 42% de los contratos, su esposa, María Cantero, exsecretaria presidencial, y otros exfuncionarios de Nación Seguros.
Alberto Fernández solicitó la nulidad de la audiencia y su suspensión argumentando que la acusación era “confusa y generalizada”. La misma fue rechazada por el juez Ercolini, quien manifestó que la citación estaba correctamente fundamentada.
Qué declaró Alberto Fernández
El expresidente negó vinculación con la maniobra y no respondió preguntas de Ercolini ni del fiscal Rivolo. Solo respondió preguntas de su defensora.
“Yo sabía que usted no iba a ser imparcial, por eso lo recusé”, dijo Fernández, quien dijo que volverá a recusarlo.
Luego, cuando el juez le consultó si quería escuchar la lectura de la acusación, replicó: “Para qué me van a leer esa barrabasada”.
Se trata de la segunda indagatoria que enfrentará el expresidente, ya que también está siendo investigado en la denuncia por violencia de género que presentó su expareja, Fabiola Yañez. En esa causa deberá presentarse el 11 de diciembre.
Qué se investiga en la causa de los seguros
La investigación está centrada en el decreto 823/2021 que fue firmado por Alberto Fernández en diciembre de ese año. La cual obligaba a los ministerios y otros organismos estatales a contratar pólizas de seguros exclusivamente con Nación Seguros.
Según la acusación en contra del exmandatario es una medida diseñada para beneficiar a intermediarios privados sin licitación pública y sin fomentar la competencia y transparencia en las contrataciones.
La acusación plantea que los responsables llevaron a cabo su operación entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023. Durante ese período distribuyeron fondos públicos mediante el direccionamiento irregular de contratos de seguros en beneficio de empresas y particulares.
Entre los imputados también se encuentra el exdirector Alberto Pagliano y otros exfuncionarios del Estado involucrados en la causa por participación.
El decreto firmado por Alberto Fernández fue vetado por el actual presidente mediante el decreto 747/2024.
Esta causa llevó a la investigación de violencia de género en donde Fabiola Yáñez denunció a Alberto Fernández. Tras el peritaje del celular de María Cantero, la exsecretaria del expresidente, se descubrieron los chats en donde quedó al descubierto los hechos de violencia que vivió la ex primera dama.
