La investigación por el femicidio de Érika Antonella Álvarez, (25) en Manantial Sur, avanza con un paquete de indicios que —según fuentes judiciales citadas por TN— compromete a Felipe Sosa, (51) exmilitar y dueño de una firma de seguridad privada, detenido en Pilar y trasladado al penal de Benjamín Paz.
Uno de los ejes más sensibles surgió del allanamiento en una vivienda alquilada por el imputado en Yerba Buena. Allí se secuestraron cinta adhesiva negra y sogas del mismo color, además de una soga elástica y un “elemento filamentoso oscuro” que los investigadores consideran relevantes para reconstruir el modo en que el cuerpo fue descartado.
El expediente también incorpora elementos que describen un perfil táctico: un chaleco balístico (antitumulto), una pistolera y 125 cartuchos calibre 12. Para la investigación, el valor de estos hallazgos no está en el impacto de la imagen sino en su posible vinculación con rutinas, movimientos y capacidades del acusado.
A la trama material se suma una línea financiera. Un ticket bancario registra una extracción de $8 millones el 8 de enero, el mismo día en que se conoció el hallazgo del cuerpo; la hipótesis es que ese dinero habría facilitado la fuga hacia Buenos Aires en una moto de alta gama.
Por último, los investigadores cruzan datos de rastreo y desplazamientos: se menciona un vínculo previo entre víctima e imputado, registros de ubicación del celular en zonas próximas a los domicilios vinculados a Sosa y viajes en autos de aplicación hacia ese sector. En la cronología relevada, se ubica la última comunicación de Érika en la madrugada del 7 de enero y el hallazgo del cuerpo al día siguiente.
En paralelo, la querella aportó definiciones públicas sobre el carácter del acusado —que deben leerse como parte de una estrategia de acusación— mientras la causa entra en una etapa decisiva: convertir cada indicio en prueba sólida, periciada y discutida en audiencia, con control judicial y garantías para todas las partes.