La Justicia de EE.UU. incautó los celulares de “Chiqui” Tapia y dirigentes de la AFA: qué investiga el FBI
La incautación de dispositivos electrónicos en un aeropuerto estadounidense abre un capítulo de incertidumbre para el fútbol argentino y sus dirigentes.
La Justicia de EE.UU. incautó los celulares de “Chiqui” Tapia y dirigentes de la AFA: qué investiga el FBI.(Captura)
La Justicia de Estados Unidos realizó un operativo en el aeropuerto de Nueva York y secuestró los teléfonos celulares de Claudio “Chiqui” Tapia y otros dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA),horas antes de que la delegación argentina emprendiera el regreso al país luego de disputar la final del Mundial 2026.
El procedimiento se llevó a cabo antes de la partida del vuelo que trasladaba al plantel argentino hacia Buenos Aires tras la derrota frente a España. Además de los dispositivos móviles de Tapia, los agentes también incautaron computadoras y teléfonos pertenecientes a otros integrantes de la comitiva.
El presidente de la AFA fue convocado a declarar el próximo 30 de julio, al igual que Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni, en el marco de una investigación que lleva adelante la Corte del distrito sur de Florida por presuntas irregularidades relacionadas con la estructura financiera de contratos comerciales de la entidad.
Según informó Infobae, agentes de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) demoraron al dirigente argentino en el aeropuerto internacional JFK de Nueva York y le solicitaron la entrega de sus teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos.
El mismo medio señaló que el FBI requirió toda la información disponible vinculada con la empresa Tourprodenter, incluyendo las comunicaciones que Tapia habría mantenido con Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.
La demora del vuelo y la investigación sobre los contratos comerciales de la AFA
El operativo generó una demora de más de dos horas en la salida del vuelo chárter AR1971 de Aerolíneas Argentinas. La aeronave tenía previsto despegar a las 6 de la mañana, pero finalmente partió cerca de las 8.15, lo que también retrasó el arribo de la delegación al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde miles de hinchas esperaban la llegada del seleccionado subcampeón del mundo.
Claudio Tapia, junto a Pablo Toviggino.(WEB)
Mientras Tapia y otros dirigentes permanecían en territorio estadounidense, agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia comenzaron a analizar los movimientos financieros relacionados con los contratos comerciales internacionales de la AFA. Las operaciones investigadas superarían los 300 millones de dólares.
La firma Tourprodenter, propiedad de Javier Faroni y su esposa Erica Gillette, habría quedado a cargo de administrar ingresos provenientes de patrocinadores, derechos comerciales, partidos amistosos y otros negocios relacionados con la Selección argentina. Además, la empresa percibía comisiones por su participación en la gestión y logística de esas operaciones.
TourProdEnter y el movimiento de cientos de millones de dólares
El eje central de la estructura bajo investigación fue TourProdEnter LLC, una sociedad creada en Florida en agosto de 2021. Meses después de su creación, la compañía fue designada como agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior, luego de la aprobación del comité ejecutivo encabezado por Claudio “Chiqui” Tapia.
Desde ese momento, TourProdEnter concentró ingresos derivados de sponsorizaciones, derechos televisivos y encuentros amistosos, además de encargarse de pagos y transferencias internacionales. Los registros bancarios indican que la empresa operó cuentas en Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus, por donde habrían circulado cientos de millones de dólares.
Entre los principales ingresos aparece Adidas, con transferencias que superarían los USD 78 millones. También figuran compañías relacionadas con el streaming oficial y la comercialización de contenidos. Sin embargo, una parte significativa del dinero habría tomado otro destino mediante Adcap Uruguay, que recibió cerca de USD 110 millones para operaciones financieras vinculadas a bonos.