Paola López Viera
Nadie imaginó que una celebración popular en la Costa Gallega terminaría dando origen a uno de los casos criminales más estremecedores de España. La desaparición y posterior asesinato de Diana Quer no solo mantuvo en vilo a todo un país durante más de un año, sino que expuso con crudeza las fallas, avances y giros inesperados de una investigación muy compleja.
Diana tenía 18 años y había viajado desde Madrid para pasar unos días en Puebla del Caramiñal. Durante la madrugada del 22 de agosto de 2016, luego de asistir a las fiestas patronales de O Carme dos Pincheiros, la joven emprendió el regreso a pie hacia la casa donde se hospedaba y, a las 2:43 AM, su teléfono móvil registró la última actividad. Después de eso, el silencio fue absoluto y despertó una preocupación total.
Una investigación extensa, sin respuestas inmediatas
Durante meses, la búsqueda fue intensa. Uno de los pocos hallazgos concretos fue su teléfono, encontrado en el mar cerca del puerto de Taragoña, lo que reforzó la hipótesis de que la joven (hija de una mujer argentina) había sido interceptada y obligada a subir a un vehículo. Sin pruebas directas y pese a decenas de testimonios recolectados, la causa quedó archivada de manera provisional en abril de 2017.
El caso dio un vuelco inesperado en diciembre de ese mismo año. El intento de secuestro de otra mujer en la localidad de Boiro permitió a los investigadores volver sobre una figura que ya había sido observada: José Enrique Abuín Gey, conocido como “El Chicle”. La denuncia, sumada a la caída de la coartada que había sostenido su esposa, fue determinante para su detención.
El cierre del caso que conmocionó a toda España
Acorralado por las pruebas, Abuín terminó confesando el crimen y guió a la Policía hasta una nave abandonada en Rianxo, donde ocultó el cuerpo de Diana en un pozo. La autopsia confirmó que fue estrangulada y reveló signos de agresión sexual, desmontando por completo la versión de un accidente que el acusado intentó instalar previamente.
En diciembre de 2019, la Justicia puso punto final al caso con una condena a prisión permanente revisable. Para la familia de Diana, la sentencia no reparó la pérdida, pero sí cerró un largo período de incertidumbre que mantuvo a toda España esperando una verdad que tardó casi 500 días en salir a la luz.