Maximiliano Pilepich, Matías Gil y Nahuel Sebastián Vargas fueron encontrados responsables del asesinato de Fernando “Lechuga” Pérez Algaba, el empresario cuyo cuerpo fue encontrado descuartizado dentro de una valija en un arroyo de Ingeniero Budge, en julio de 2023.

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Un jurado popular declaró culpables, luego de varias jornadas de debate en los Tribunales de Lomas de Zamora, a los acusados del crimen. Los tres recibieron prisión perpetua, ya que es la única pena posible debido al delito por el que fueron juzgados.
La fiscal Marcela Dimundo había solicitado que los 12 integrantes del jurado declararan culpables a los tres acusados por el delito de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, por codicia y por el uso de arma de fuego.
En la misma línea se pronunció el abogado querellante Javier Baños, representante de la familia de la víctima, quien también pidió un veredicto condenatorio para los imputados.
La fiscal sostuvo durante su extenso alegato que las pruebas reunidas durante la investigación permitían acreditar la responsabilidad de Pilepich, Gil y Vargas en el brutal crimen del empresario. Cabe mencionar que, además, de los tres ahora declarados culpables, otros acusados optaron por ser juzgados mediante un debate común.
Se trata de Flavia Bomrad, Luis Contreras, Horacio Córdoba, Fernando Gastón Carrizo y Blanca Gladys Cristaldo, esta última investigada por presunto encubrimiento.
Cómo fue el brutal crimen de “Lechuga” Pérez Algaba
El 23 de julio de 2023, parte del cuerpo de “Lechuga” fue encontrado dentro de una valija roja abandonada en el Arroyo del Rey, en Ingeniero Budge. Más tarde aparecieron más restos distribuidos en mochilas y bolsas. Para la fiscalía, el crimen tuvo un móvil exclusivamente económico.
La reconstrucción de la investigación sostiene que el 18 de julio de 2023, Pérez Algaba fue citado en un predio ubicado en General Rodríguez con la excusa de cobrar una deuda cercana a los 50 mil dólares que reclamaba a quienes hasta entonces eran sus socios comerciales.

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El lugar era un barrio privado denominado Renacer, un emprendimiento inmobiliario de unas 200 hectáreas que recién comenzaba a desarrollarse y que prometía ser uno de los complejos más exclusivos de la zona.
La acusación indica que se trató de "una trampa cuidadosamente preparada". Allí recibió dos disparos por la espalda y fue asesinado. Luego de eso, el cuerpo fue descuartizado para dificultar su identificación. Esta maniobra también fue planificada, según los investigadores.
Sin embargo, uno de los bolsos contenía el DNI de la víctima, una evidencia que permitió a los investigadores identificar rápidamente los restos y reconstruir los últimos movimientos del empresario.
