Condenan a una jueza por un presunto circuito ilegal de adopciones: el escalofriante relato que la incriminó
El relato de un testigo clave revela prácticas perturbadoras que involucran a una figura de la justicia.
Aylén Barrera Arciniega
12 de junio de 2026, 15:03
Una jueza de familia de Pilar fue condenada esta semana a tres años de prisión por el delito de cohecho agravado, tras comprobarse su participación en un presunto sistema de adopciones ilegales que habría operado durante varios años.
La exmagistrada Alejandra Velázquez fue hallada culpable de haber intentado captar mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad para conectarlas con familias interesadas en adoptar al margen de los procedimientos establecidos por la ley.
Según la investigación judicial, la maniobra se habría llevado adelante mediante trabajadores sociales que recibían instrucciones precisas para localizar futuras madres en barrios humildes.
Caso Loan: 164 testigos, figuras políticas y un juicio que podría revelar qué pasó con el niño desaparecido
Los testimonios reunidos durante el proceso fueron determinantes. Dos asistentes sociales que trabajaron en el juzgado aseguraron haber escuchado a la jueza ordenar: "Vayan a buscar panzas".
De acuerdo con esas declaraciones, el objetivo habría sido encontrar jóvenes embarazadas dispuestas a entregar a sus bebés recién nacidos a cambio de dinero, para luego conectarlas con familias que pagaran por adoptar fuera de los canales legales establecidos.
Velázquez estuvo al frente del Juzgado de Familia N°1 de Pilar durante seis años. Durante ese período, la investigación detectó una serie de presuntas irregularidades en el funcionamiento del tribunal.
La Justicia la condenó por "cohecho agravado por su calidad de funcionaria pública". Además de la pena de prisión, recibió una inhabilitación de seis años para ejercer cargos públicos.
Cómo salió a la luz la maniobra que derivó en la condena
Aunque la sentencia se conoció esta semana, la causa tuvo su origen en 2011. Sin embargo, las sospechas sobre las presuntas adopciones irregulares no fueron el punto de partida de la investigación.
El expediente comenzó a avanzar por las reiteradas ausencias laborales de la magistrada. A medida que se profundizaron las averiguaciones, surgieron indicios de conductas mucho más graves dentro del juzgado.
Fuentes judiciales indicaron que las principales testigos fueron asistentes sociales que trabajaban en el tribunal. Ellas afirmaron haber presenciado el momento en que Velázquez habría impartido instrucciones para buscar embarazadas en contextos vulnerables.
"Las testigos coincidieron en que la sospechosa afirmó que, seguramente, había familias dispuestas a pagar para poder adoptar a los recién nacidos", explicaron las fuentes consultadas.
Las otras acusaciones que enfrentó durante su paso por el juzgado
Las supuestas irregularidades vinculadas con las adopciones no fueron los únicos hechos investigados durante la gestión de Velázquez. El expediente también expuso una serie de presuntas faltas administrativas y disciplinarias.
Según la causa, la exjueza habría viajado al exterior en numerosas oportunidades, en algunos casos sin autorización de la Corte, mientras permitía que colaboradores firmaran expedientes en su nombre. Los investigadores detectaron más de 600 actuaciones de este tipo.
Además, se le atribuyeron presuntas anomalías en la fecha de sentencias e interlocutorios, conductas de parcialidad manifiesta y situaciones de acoso laboral. El Colegio de Abogados de San Isidro detalló: "Entre los cargos se encuentran irregularidades en el procedimiento, intermediación de cesión directa por precio de personas por nacer e incumplimientos reiterados en materia de adopción".
En abril de 2017 fue suspendida de sus funciones. Meses más tarde, en septiembre de ese mismo año, el jurado de enjuiciamiento de magistrados de la provincia de Buenos Aires resolvió destituirla por unanimidad.
Tras su apartamiento del cargo, Velázquez se radicó en España. Sin embargo, la causa continuó avanzando en la Argentina.
En julio de 2024 fue detenida en Valencia por orden del juez de Garantías N°6 de San Isidro, Nicolás Ceballos, a pedido del fiscal José Amallo, quien la imputó por los delitos de cohecho y falsedad ideológica.
Luego de ser extraditada al país, permaneció bajo prisión domiciliaria en Tigre hasta la resolución del juicio. Esta semana recibió la condena que, debido al tiempo ya cumplido bajo restricción, le permitió acceder a la libertad condicional.
Según informó el diario El Resumen de Pilar, la exmagistrada no regresará a una unidad penitenciaria. No obstante, la sentencia quedó firme: tres años de prisión y seis años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Quiénes son los 10 acusados de entorpecer el caso Loan: decían ser de la fundación Lucio Dupuy
El fallo sostuvo que la configuración del delito quedó acreditada a partir del ofrecimiento de dinero. Aunque las trabajadoras sociales nunca aceptaron la propuesta atribuida a la jueza de "buscar panzas", el tribunal consideró probada esa conducta para condenarla por cohecho agravado.
El caso volvió a poner bajo análisis los mecanismos de control sobre los juzgados de familia y reabrió el debate sobre la transparencia y supervisión de los procesos de adopción en la Argentina.