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| martes, 11 de agosto de 2026
Una celebración escolar que debía ser un momento de diversión terminó de la peor manera para un nene de cinco años. Durante una actividad organizada por el colegio, el chico cayó desde un inflable de aproximadamente tres metros de altura y sufrió una grave lesión en uno de sus brazos.
El accidente no solo le dejó secuelas físicas, sino también consecuencias psicológicas que perduraron durante años.
Siete años después del hecho, la Justicia confirmó que el establecimiento educativo deberá indemnizar a la familia. El fallo fue emitido por la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, que ratificó la responsabilidad del Instituto Nuestra Señora de la Merced, perteneciente a la Diócesis de San Martín.
La institución y la compañía aseguradora habían apelado la resolución de primera instancia, que había establecido una indemnización de $37.009.000, además de intereses y costas.
El episodio tuvo lugar el 13 de julio de 2019, en el marco de una celebración que se desarrollaba dentro del establecimiento educativo. El nene se encontraba jugando en un inflable colocado en el patio, una estructura de unos tres metros de altura que estaba destinada a chicos de diferentes edades.
En un momento de la actividad, el menor cayó al suelo y sufrió una “fractura supracondílea del húmero izquierdo”. Como consecuencia de la lesión, fue llevado a un centro médico y posteriormente tuvo que atravesar dos intervenciones quirúrgicas.
Durante el proceso judicial también se tuvo en cuenta una particularidad del caso: los padres del chico no fueron informados directamente por la institución, sino que conocieron lo ocurrido a través de la hermana del menor, quien también era una niña.
Desde el colegio intentaron evitar la responsabilidad argumentando que el accidente había ocurrido un sábado, durante una jornada recreativa en la que también se encontraban familiares de los alumnos.
Sin embargo, la Cámara desestimó ese planteo y consideró que la actividad había sido organizada por el propio establecimiento. Por ese motivo, entendió que la institución tenía la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los chicos durante la celebración.
Los estudios realizados durante la causa determinaron que el accidente tuvo consecuencias que fueron más allá de la lesión inicial. Luego de las intervenciones quirúrgicas, el chico quedó con una deformación en el codo y una incapacidad física permanente del 12%.
Pero el impacto también alcanzó su salud psicológica. Los peritos determinaron que desarrolló un cuadro de estrés postraumático, que derivó en una incapacidad psicológica parcial y permanente del 20%.
De acuerdo con lo establecido en el expediente, después del accidente comenzó a sentir temor frente a situaciones relacionadas con posibles caídas o accidentes. Además, dejó de utilizar juegos como peloteros e inflables y tuvo que realizar un tratamiento psicológico para afrontar las consecuencias del episodio.
La indemnización confirmada por la Justicia contempla distintos conceptos. El monto incluye $17.500.000 correspondientes a la incapacidad sobreviniente y el tratamiento psicológico, $10.000.000 por las consecuencias no patrimoniales y $120.000 destinados a cubrir gastos médicos, medicamentos y traslados.
A esa suma deberán agregarse los intereses correspondientes, que serán calculados desde la fecha en que ocurrió el accidente hasta el momento en que se concrete el pago.
Aylén Barrera Arciniega