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| domingo, 07 de junio de 2026
La delicada situación financiera del municipio de Sauce de Luna quedó expuesta con una medida excepcional: el pago parcial de salarios mediante un bono alimentario. La decisión, confirmada por el intendente Alcides Alderete (PJ), abre un nuevo frente de tensión política en la localidad del departamento Federal y evidencia el impacto de la caída de recursos en las administraciones municipales.
La propuesta, presentada en la mesa paritaria, implica reemplazar un adicional no remunerativo de $30 mil por un bono de $50 mil en alimentos, que los trabajadores podrán utilizar en comercios locales. El objetivo, según explicó el jefe comunal, es sostener el pago de sueldos en un contexto de fuerte restricción económica.
Alderete reconoció que el municipio enfrenta una recaudación propia limitada —que ronda el 30%— y una merma en los fondos de coparticipación, lo que dificulta cubrir la totalidad de la masa salarial.
En ese escenario, defendió la implementación del bono como una herramienta para sostener la liquidez y evitar atrasos mayores en los haberes. Negó, además, que se trate de una sustitución generalizada del salario y planteó que la medida es transitoria, a la espera de una mejora en el contexto económico.
La estructura de gastos expone la presión sobre las finanzas: el municipio cuenta con empleados de planta, personal jornalizado, contratados y cargos políticos que, en conjunto, representan un volumen salarial que supera ampliamente los ingresos disponibles.
El mecanismo propuesto contempla la participación de comercios de la localidad, que aceptarían los bonos como forma de pago. En la práctica, el municipio busca financiar parte de su funcionamiento mediante acuerdos a plazo con el sector privado, trasladando parte de la tensión financiera al circuito económico local.
La falta de precisiones sobre la implementación concreta del sistema, sin embargo, genera incertidumbre entre los trabajadores y comerciantes.
Desde el Concejo Deliberante, la medida fue duramente cuestionada. La concejal vecinalista María José Etcheverry calificó la situación como “la crónica de una crisis anunciada” y atribuyó el escenario actual a una gestión que considera “ineficiente e irresponsable”.
La edil apuntó contra lo que definió como una administración improvisada, al señalar que el Ejecutivo anunció el bono sin acuerdos previos con los comercios y sin claridad sobre su funcionamiento. También advirtió sobre el impacto que la medida puede tener en la economía local, al trasladar la falta de liquidez del municipio al sector privado.
En su crítica, Etcheverry sostuvo que existe un desorden en el manejo de los recursos y cuestionó decisiones vinculadas al gasto político y la incorporación de personal. Además, señaló la ausencia de un plan de emergencia o de medidas estructurales para revertir la situación financiera.
El conflicto deja al descubierto un escenario complejo, donde la caída de ingresos, el peso de la estructura estatal y la falta de consensos políticos profundizan la crisis.
Mientras el Ejecutivo apuesta a sostener el funcionamiento con herramientas excepcionales, la oposición reclama definiciones de fondo y advierte sobre la falta de un rumbo claro.
La implementación del bono alimentario no solo abre interrogantes sobre su viabilidad, sino que también instala un debate más amplio sobre la sostenibilidad de las finanzas municipales en un contexto económico adverso.
Redacción Vía Paraná